La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha presentado en el Parlamento de Andalucía las conclusiones del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, celebrado en Córdoba. Según la consejera, la Junta ha dado “un paso de gigante” al abrir este debate sobre una “triste realidad”. Entre las propuestas más destacadas se encuentran la de modificar la norma para que el acosador sea trasladado de centro y la apertura de un debate jurídico sobre la tipificación del acoso como delito. Una de las medidas más contundentes que el departamento de Castillo se ha comprometido a estudiar es una modificación reglamentaria para que, por norma, el alumno acosador sea trasladado de centro. El objetivo principal de esta iniciativa es reforzar la seguridad y la protección de la víctima, garantizando un entorno más seguro. De esta manera, se busca también una mejora general de la convivencia escolar en los centros educativos andaluces. Junto con el cambio de centro, la Junta ha puesto sobre la mesa la necesidad de abrir un debate jurídico a nivel nacional sobre la posibilidad de tipificar el acoso escolar como delito. Esta propuesta, surgida del congreso, busca explorar nuevas vías legales para hacer frente a los casos más graves. La medida podría suponer un cambio de paradigma en la lucha contra el bullying en el sistema español. La consejera ha contextualizado estas propuestas reconociendo los desafíos actuales. Ha afirmado que, “aunque el sistema educativo andaluz cuenta con una estructura robusta de promoción de la convivencia, la protección y la salud mental de nuestros jóvenes, también es verdad que este sistema afronta nuevos retos que nos obligan a adaptarnos a los ritmos en que se producen los cambios sociales en esta era digital, caracterizada por una transformación constante”. Para abordar el ciberacoso, el congreso también ha propuesto establecer una edad mínima de acceso a las redes sociales para niños y adolescentes. La consejera ha mencionado que se trata de una medida que ya se está aplicando en otros países, como Australia. Esta regulación buscaría proteger a los menores de los peligros asociados al uso temprano y sin supervisión de las plataformas digitales. Finalmente, se ha planteado un refuerzo de las alertas marcadas en los protocolos de actuación frente al acoso. La propuesta consiste en que las denuncias presentadas por familias o cualquier miembro de la comunidad educativa sean comunicadas a la Inspección educativa desde el primer momento. Con ello se pretende reforzar tanto el asesoramiento como el seguimiento de cada caso, independientemente de que se resuelva en el ámbito del propio centro.