Es llamativo cómo la realidad de España puede diseccionarse a través de dos escenarios opuestos. No hace mucho tiempo, viendo el partido de Carlos Alcaraz, recordé momentos idénticos a los de Rafa Nadal o a los de la selección de fútbol, tanto masculina como femenina, cuando ganan un campeonato y todo el país, o la inmensa mayoría, se levanta al unísono del sofá o salta de alegría en el bar para festejarlo. En ese instante mágico no existen las autonomías, las singularidades ni los agravios comparativos. Se genera una cohesión emocional espontánea y aflora un orgullo de ser español que nuestros representantes políticos son incapaces de suscitar; más bien al contrario, parecen empeñados en alimentar la polarización y levantar muros partidarios en lugar de ofrecer soluciones. El deporte, encarnado ahora en 'Carlitos' y pronto de nuevo por 'la Roja', actúa como un auténtico pegamento social. Ofrece un patriotismo transversal y despolitizado donde agitar la bandera rojigualda resulta tan natural como el esfuerzo que precede a la victoria de los «nuestros». Sin embargo, al día siguiente el hechizo se rompe y esa misma bandera se convierte, para algunos, en un trapo o en un símbolo «fascista», mientras la unidad se diluye en las disputas territoriales y en una confrontación exacerbada que acaba impregnando todos los ámbitos. Así, mientras en la pista o en el césped somos una nación sin complejos, el Congreso se presenta como un escenario de chalaneo institucional, convertido en método de supervivencia para quienes no han tenido mejores opciones en el ámbito profesional. Ese entorno envenenado termina trasladándose a la calle, donde se asume casi como algo natural que la afinidad a un partido político implique el rechazo automático a quien piensa distinto. Este proceso nos «jibariza» como sociedad, reduce nuestras perspectivas y nos coloca orejeras ideológicas que empobrecen el debate público. Mientras celebramos la excelencia de nuestros deportistas, la estructura del Estado sufre un auténtico asalto a la cohesión. Resulta doloroso contrastar la claridad de un triunfo deportivo con la opacidad de unos pactos que pretenden legislar estableciendo preferencias entre españoles. La condonación de la deuda a Cataluña (17.000 millones de euros) y la aplicación del principio de ordinalidad (4.700 millones más anualmente) no son meras cuestiones técnicas: constituyen una grave anomalía que atenta contra el principio de igualdad. Estas medidas persiguen, por un lado, que todos nosotros asumamos el despilfarro acumulado por una comunidad durante décadas y, por otro, garantizar que la segunda región con mayor capacidad fiscal siga siendo la más beneficiada tras la redistribución. En la práctica, ello limita la solidaridad y vulnera el mandato constitucional de velar por un equilibrio económico justo entre todas las partes que lo integran. Nos situamos ante una disfunción territorial sin precedentes que acabará quebrando la equidad en servicios básicos como la sanidad o la educación. La paradoja es evidente: mientras el deporte respeta reglas comunes, la política actual premia el chantaje. Es como una situación acomplejada de las mayorías parlamentarias frente a las minorías nacionalistas: la pretensión de comportarse como un Estado independiente a la hora de recaudar, pero mantener los beneficios del conjunto cuando resulta conveniente. La cesión de una «Hacienda propia» implicaría una reducción drástica de los recursos disponibles para el conjunto de la ciudadanía, cercenando su desarrollo. El perdón de la deuda y la ordinalidad afianzan una estructura colonial. Las regiones del interior son tratadas como meramente extractivas de recursos energéticos y alimentarios, mientras el valor añadido y la capacidad fiscal quedan blindados para las privilegiadas. Se avanza así hacia un modelo confederal de facto que supone una estafa para los ciudadanos, al tiempo que se retienen soberanía económica y prerrogativas fiscales. Con lo sencillo que sería sentirnos satisfechos de nosotros mismos si se atajara el frentismo al que intencionadamente nos someten. Superar estos discursos es imprescindible para recuperar el sentimiento de pertenencia, basado en un legado histórico común y una cultura compartida que estén por encima de unas siglas que nos dividen. Necesitamos una identidad colectiva madura que reconozca la diversidad como patrimonio común, no como coartada para el privilegio fiscal. Si no lo logramos, seguiremos representando el «Duelo a garrotazos» de Goya: dos figuras henchidas de prejuicios, golpeándose en un enfrentamiento ciego donde sólo importa destruir al otro, sin advertir que ambos se hunden en el mismo barro. El día en que seamos capaces de mirarnos de frente, respetando sensibilidades ideológicas y geográficas, pero conscientes de que compartimos la misma herencia y los mismos derechos constitucionales, habremos dado el primer paso hacia un futuro verdaderamente sólido y lleno de esperanzas. Sólo entonces dejaremos de ser un puzzle de zonas enfrentadas por balanzas fiscales y dogmas mentales para construir un país asentado sobre una comunidad de ciudadanos libres e iguales llamada España. Si no lo conseguimos, entonces habrá llegado el momento de que las regiones del régimen común reclamen también su derecho a que los rendimientos de las empresas que operan en su suelo permanezcan en las áreas de procedencia, poniendo fin al sempiterno expolio al que son sometidas. Porque la verdadera unidad no nace del privilegio de unos pocos, sino de la justicia para todos.