La situación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) hizo crisis con el cese de quien hasta ayer era su gerente, José Manuel Bernabé. ABC reveló en exclusiva la denuncia que había presentado la ex secretaria general del CNIO, Laura Muñoz , contra Bernabé por un posible acoso laboral y sexual, que estaría acreditado con mensajes de índole privada enviados a través de WhatsApp. La denuncia recoge episodios que, a juicio de la denunciante, traspasaban lo profesional y afectaban a su intimidad. La denuncia fue presentada en noviembre de 2025 ante la dirección de Recursos Humanos, cuando Muñoz era secretaria general del CNIO, puesto del que fue cesada por presunta implicación en un caso de corrupción que se saldó con otro cese, el del anterior gerente. Esta secuencia ha llevado a una parte del CNIO a creer que la denuncia contra Bernabé es una represalia. El papel de Diana Morant , ministra de Ciencia, que se integra en el patronato del CNIO, cuya naturaleza jurídica es la de una fundación, tiene algún interrogante que resolver. A pesar de que la denuncia se presentó en noviembre pasado, Morant ha afirmado que se enteró de lo sucedido por la información de ABC. Lo cierto es que tras tener conocimiento de la denuncia, la ministra asumió que el cese de Bernabé era el desenlace normal del caso. Ahora, bien la salida de Bernabé no ha calmado las aguas del CNIO. Por el contrario, ha provocado un movimiento de solidaridad, como el escrito de apoyo firmado por los 27 jefes de servicio, que defienden la gestión de Bernabé y le atribuyen el descubrimiento de las posibles prácticas corruptas de su antecesor. Como en otros casos de denuncias por acoso, tienen que ser los jueces quienes lleguen a una conclusión definitiva, porque son ellos los que tienen las herramientas para investigar todos los hechos. Sin embargo, la cadena de escándalos en el CNIO, unidos a los que se han producido en otros ámbitos públicos, demuestra que algo está fallando en los sistemas de vigilancia interna de las instituciones. El tiempo actual es el de la prevención, el de la reglamentación de las vidas internas de las empresas, fundaciones, asociaciones, partidos y administraciones. La ley prevé canales de denuncia que amparen a la víctima con el anonimato y mecanismos de protección inmediata a las personas acosadas, más aún si son mujeres, y se admite como regla social que cualquier denuncia por este tipo de hechos debe causar, de forma inapelable y automática, la presunción de culpabilidad del denunciado. Aun así, los últimos casos conocidos revelan una convivencia sorprendente de los máximos responsables de la institución afectada con los posibles responsables de los acosos, bien por encubrimiento, bien por ignorancia deliberada. La denunciante se pierde por el laberinto de los canales internos de denuncia y su anonimato, en vez de ser una garantía frente a la represalia se convierte en la excusa para la indiferencia de quienes tienen que tomar decisiones, provocando el desaliento de la víctima, que es lo que la ley vigentes dice que quieren evitar. El CNIO tiene por delante reparar las fracturas de un tiempo convulso, revisar a fondo su estructura orgánica y auditar la eficacia de sus procedimientos internos de denuncia. Quizá exija una reforma integral. Entre tanto, tiene que dar respuesta a por qué una denuncia presentada en noviembre de 2025 no ha tenido consecuencia ninguna hasta que fue desvelada por ABC.