Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya han vuelto a unir fuerzas contra las personas más vulnerables. La alianza ultranacionalista, españolismo y catalanismo unidos, han puesto la soga en el cuello de 70.000 familias que, tras decaer el escudo social, podrán ser desahuciadas sin alternativa habitacional. Tampoco han tenido suerte aquellos que cada mes tienen que elegir entre alimentarse y comer caliente o poner la calefacción, un millón de personas condenadas a las velas y las mantas con la desaparición del bono social energético. La triple entente decidió tumbar este jueves con sus votos el escudo social. Una mayoría formada al calor del Congreso de los Diputados y que tendrá consecuencias directas al frío de la calle. La ridícula justificación utilizada fue el fantasma de la okupación, como no podría ser de otra manera, aunque también ha podido influir el hecho de que el 21% de los parlamentarios del PP, el 21,21% de diputados de Vox y el 43% de los representantes de Junts sean rentistas (atendiendo tan solo a las propiedades que declaran alquilar en su nombre). "La mayoría reaccionaria", les han calificado desde el movimiento de vivienda. "Han tumbado por segunda ocasión la moratoria de desahucios, lo que supone que 70.000 desahucios actualmente paralizados van a reactivarse. La inmensa mayoría de estos desahucios corresponden a inquilinos que no pueden pagar el alquiler. Además, más de un millón de usuarios del bono social pueden perder su acceso al suministro de luz, agua o calefacción", presentan cifras la unión de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La moratoria planteada para los desahucios de familias vulnerables tampoco era la panacea, pues estaba funcionando como un parche que ni siquiera los tribunales respetaban a la hora de impulsar desahucios en los que existían informes de vulnerabilidad e, incluso, menores implicados. Es más, durante su vigencia, tan solo cubrió en torno a un 25% de los desahucios. No obstante, era la única barrera que, aunque de papel, tenían miles de personas maltratadas por la especulación y el abandono de las administraciones competentes. El mínimo freno a la especulación ha caído y, además, la finalización de 632.369 alquileres contemplada para este año amenaza con subidas del precio que podrían alcanzar hasta los 4.615 euros anuales para los mismos inmuebles. El precio del alquiler ha subido de media un 40% en los últimos cinco años, y se espera que lo haga más; mientras que los salarios tan solo un 20% y las pensiones, si bien han crecido, siguen situándose de media por debajo de los 1.400 euros. Jóvenes y pensionistas, juntos "Son necesarias medidas más amplias y estructurales", trasladan las tres organizaciones, reclamando más, pero lamentando lo perdido. Si bien la protesta no se quedará en meros lamentos. La respuesta en las calles tras la primera decaída del ómnibus ya recibió un amplísimo apoyo y ahora se prepara una nueva movilización...