Una comunidad de vecinos de Santiago de Compostela ha conseguido una victoria judicial clave: el cierre de un piso en el que se ejercía la prostitución. El proceso, que se ha alargado durante casi dos años, culmina con una sentencia que devuelve la tranquilidad al inmueble y puede servir de ejemplo para casos similares. La abogada que representó a la comunidad de propietarios, Montserrat Arza, confirma que "es un proceso lento, pero se consigue". Año y medio llevaban los vecinos soportando esta situación, pero se cansaron de los problemas de convivencia que generaba, se cansaron también de llamar a la policía y tampoco la vía administrativa, esto es, la puerta del concello compostelano, conducía a ninguna parte así que decidieron ir a los tribunales. La demanda se interpuso en 2023 en un juzgado de primera instancia de Santiago, fundamentada en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, que permite solicitar el cese de actividades molestas. Para demostrar los hechos, la comunidad presentó un sólido conjunto de pruebas, incluyendo el testimonio de varios vecinos que relataron lo que "veían y oían". El elemento clave fue el informe de un detective privado, que la abogada califica de "contundente" y que el juez "admitió como una prueba ya absoluta". Además, se aportaron grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el portal y la presidenta de la comunidad testificó para exponer "todo lo que se vivía en esa comunidad". Montserrat Arza explica que la Ley de Propiedad Horizontal, vigente desde 1960, es una herramienta poderosa para los vecinos. No solo se aplica a casos de prostitución, sino también a otras problemáticas como narco pisos o pisos turísticos ilegales. "Es una ley importante que regula las obligaciones y derechos de todos los propietarios", subraya la letrada. La ley es clara cuando un propietario incumple sus obligaciones. Según Arza, si un comunero realiza una "actividad molesta para el resto de la comunidad, la ley siempre le dará la razón a la comunidad de propietarios". En este caso, el responsable era el propio dueño de la vivienda. Las consecuencias legales pueden ser severas. Si la actividad ilícita la realiza un inquilino, la demanda se dirige contra él y contra el propietario, pudiendo extinguirse el contrato de alquiler y proceder a su "desahucio inmediato". Si el responsable es el propietario, como en este caso, "se le puede privar del uso de la vivienda durante de 3 a 6 años". En esta ocasión no se llegó a privar al propietario del uso del inmueble. Antes del juicio, los abogados alcanzaron un acuerdo para su homologación judicial, donde el dueño del piso aceptó hacerse cargo de "todos los gastos y todos los perjuicios causados a la comunidad". La letrada aclara que, de no haber acuerdo, la ley sí contempla la privación del uso de la vivienda. Respecto a los costes que un proceso así puede suponer, Arza recuerda que las comunidades no tienen por qué temer el desembolso. "Todas las comunidades tienen que contar con un seguro de responsabilidad civil", y los gastos del procedimiento "los pueden repercutir a esa póliza". El objetivo principal de los vecinos, que era recuperar "la tranquilidad", se ha cumplido y se muestran "muy contentos" con el resultado. Entre tanto, otros no se cansan de llamar a todas las puertas que haga falta para denunciar el tráfico de drogas a pequeña escala en la capital de Galicia . Representantes de la Coordinadora das Asociacións Veciñais se reunieron esta semana con la alcaldesa, Goretti Sanmartín, varios miembros de su gobierno y Policía Local y Nacional para alertar de venta de estupefacientes cerca de colegios, en pisos con menores y en zonas como Algalia de Abaixo o Banco do Pobre, donde los consumidores “campan a sus anchas”. También denunciaron venta en baños de discotecas, consumo de alcohol en la calle y conflictos nocturnos en plazas y calles céntricas. Entre sus propuestas: una oficina de asesoramiento para comunidades de vecinos afectadas, donde haya narcopisos o viviendas dedicadas a la prostitución, plan integral contra drogas y adicciones, adelantar el cierre nocturno de locales y cámaras en puntos conflictivos. Desde la asociación de vecinos "Raigame" del Ensanche compostelano han organizado una mesa redonda informativa sobre la problemática de los narcopisos: será el próximo jueves en el Centro Sociocultural del Ensanche, a las ocho de la tarde.