La decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha exigido "ponerse serios" con la situación del turno de oficio para dignificar una figura que está "al servicio de la ciudadanía los 365 días del año y 24 horas al día". En declaraciones al programa Converses de COPE Cataluña y Andorra, Vallejo ha subrayado que la dignificación de estos profesionales es una "prioridad" para su junta de gobierno. La decana ha insistido en la necesidad de mejorar sus condiciones y de establecer mecanismos claros que protejan su labor, especialmente en situaciones excepcionales. Uno de los grandes caballos de batalla es la remuneración, aunque valora como "un gran paso" el reciente convenio firmado hasta 2026, que actualiza los pagos conforme al IPC. Sin embargo, ha recordado que los profesionales del turno de oficio han sufrido una pérdida de poder adquisitivo constante desde 2011 y que es "difícil de entender" que se deba "reivindicar cada año todas las actuaciones". Más allá de lo económico, la decana ha puesto el foco en la falta de protocolos de actuación ante emergencias, como las alertas sanitarias. Vallejo ha lamentado la inseguridad que se genera en escenarios de crisis, como la pandemia de la COVID-19, donde los abogados se veían obligados a actuar sin directrices claras. "Hay que ser serios y establecer un protocolo de emergencias", ha reclamado, insistiendo en que no se pueden suspender los señalamientos en función de si el letrado puede o no desplazarse. En este sentido, ha defendido la consolidación de las actuaciones telemáticas, una posibilidad que la tecnología ya permite pero que depende de la voluntad de cada juzgado, por lo que ha urgido a una "unificación de criterios". La decana ha calificado la multirreincidencia como un "problema social" y "estructural" que genera una enorme "frustración social" y desconfianza en las instituciones. Ha celebrado el consenso alcanzado por las fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Barcelona para impulsar una reforma contra esta problemática, viéndolo como un ejemplo de que es posible "olvidarse de las ideologías y trabajar juntos". Para Vallejo, la clave es que la solución no puede ser únicamente punitiva, sino que debe ser preventiva y contar con la colaboración de todas las administraciones para que no se cronifique. Aunque la reforma para atajar los hurtos multirreincidentes es un paso adelante, ha advertido de que "sin refuerzo judicial, la reforma no es práctica". Ha recordado que los proyectos piloto con más jueces han ofrecido resultados "inminentes", por lo que es imprescindible dotar de más personal a la planta judicial para que la ley sea efectiva. Vallejo ha destacado también la importancia de planes de choque como el Plan Kampai de los Mossos d'Esquadra, pero ha insistido en que deben ir acompañados de una respuesta judicial y social coordinada para ofrecer a estas personas "otra oportunidad" y "medidas correctoras". En materia de vivienda, Cristina Vallejo ha señalado que la "sobrerregulación" y la falta de criterios uniformes han generado una profunda inseguridad jurídica que ha afectado negativamente a la oferta. Según ha explicado, datos de la Cámara de la Propiedad o el INCASOL confirman que el depósito de fianzas de alquiler no para de reducirse. Ha criticado la lentitud de la justicia, con "20 meses de media para recuperar un inmueble", como uno de los factores que desincentiva a los propietarios a poner sus pisos en el mercado. La decana ha puesto como ejemplo de esta inseguridad la confusión en torno al concepto de "gran tenedor", que difiere entre la ley estatal y la catalana. "A veces, cuando vienen clientes al despacho, no les sabes decir con la sobrerregulación que hay, qué es", ha confesado. Este marco, unido a sanciones que pueden ir de 90.000 a 900.000 euros, provoca que muchos pequeños propietarios "se reinventen y vendan", logrando el efecto contrario al deseado: la concentración de la vivienda en manos de grandes fondos. Vallejo ha hecho hincapié en la necesidad de "clarificar conceptos" y no mezclar en el mismo saco a un "vulnerable que no puede pagar" con las "mafias de la ocupación delincuencial". Ha denunciado que, mayoritariamente, la ocupación está ligada a "actividad mafiosa y delictiva" que se aprovecha de personas vulnerables o utiliza los inmuebles para actividades como el cultivo de marihuana. Por ello, reclama dotar de seguridad jurídica al sistema para que un propietario pueda recuperar su bien "en 48 horas, y no en 20 meses". La decana del ICAB ha lanzado una contundente crítica a la forma de legislar en España, afirmando que una norma sin respaldo económico es papel mojado. "Una ley sin una memoria económica y sin una dotación presupuestaria, por muy buena ley que sea, está vacía de contenido y es totalmente ineficaz", ha sentenciado. Como ejemplo, ha citado la ley de vivienda, que promovía el alquiler social sin destinar fondos para ello, lo que ha provocado que "tres años después estemos peor de lo que estábamos". Para aliviar la sobrecarga del sistema judicial, Vallejo ha defendido firmemente la mediación como una vía fundamental para el futuro. Ha celebrado que la nueva Ley de Eficiencia Procesal obligue a la negociación antes de llegar a juicio, lo que supone un "cambio de paradigma". En este sentido, ha destacado los buenos resultados del Centre ADR del ICAB, que ya registra un alto porcentaje de éxito en sus mediaciones y demuestra que es posible "solucionar los problemas fuera del juzgado". Finalmente, la decana ha insistido en que el camino hacia un cambio estructural en la justicia pasa ineludiblemente por tres pilares: digitalización 100%, funcionarios especializados y el refuerzo de la planta judicial. Vallejo ha concluido con una reivindicación: que el poder legislativo "vaya siempre de la mano del de economía" para que ninguna ley se apruebe sin el presupuesto necesario para su ejecución, evitando así generar "falsas expectativas" en la ciudadanía.