El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de Ley para reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales la infracción administrativa se considera delito y endurecer así la respuesta penal frente a los grandes excesos de velocidad, pasando de 60 a 50 kilómetros por hora (km/h) en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera.