Quien esperase que la desclasificación de los documentos secretos referentes al 23-F iba a desentrañar los grandes enigmas que pesaban -y siguen pesando- sobre la célebre intentona golpista se ha llevado una decepción. Quizás era pecar de ingenuos pensar que la medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez iba a ser ese rayo de luz que disipara todas las sombras que han rodeado durante 45 largos años a uno de los episodios clave en la historia moderna del Estado español. Más aún cuando todavía, pese a la muerte el mismo día de la publicación de esos papeles del autor material del asalto al Congreso, Antonio Tejero, algunos de sus actores principales siguen vivos. Entre ellos el rey emérito, Juan Carlos I, cuyo rol en esta trama se ha puesto tantas veces en entredicho. Quienes desconfían de la versión oficial que le posiciona como el cortafuegos que impidió la propagación del levantamiento limitar tienen, en las 153 unidades documentales desclasificadas, poco a lo que agarrarse para reafirmar sus sospechas de que estuvo detrás de la organización de la asonada. No existen, al menos entre la documentación sacada ahora a la luz, ninguna grabación de las llamadas que aquel 23 de febrero de 1981 realizó desde el Palacio de la Zarzuela. A falta de pruebas concluyentes, nada cambia y cada cual se mantendrá en sus trece a la hora de situar al padre del actual monarca en el grado de responsabilidad en el que le ubicaba antes de una desclasificación que ha traído consigo más ruido que nueces.