Justo un año después de que ayuntamientos como los de Elche y Santa Pola blindasen el acceso de las autocaravanas en el litoral con señalización restrictiva en puntos sensibles como el entorno del Cabo de Santa Pola, el conflicto entre administraciones y conductores sigue sin resolverse. Las señales de gálibo y limitación de anchura han reducido de forma notable la presencia de estos vehículos en enclaves costeros, pero el malestar en el sector no solo persiste, sino que se reorganiza porque quieren el espacio que por ley, insisten, les pertenece. El blindaje ha fomentado la dispersión de este tipo de vehículos e incluso ha avivado que campings exclusivos para caravanas estén tramitando la ampliación de sus instalaciones al llegar al lleno.