Que nueve de cada diez empresas identifiquen (según Apoyo Consultoría) la “incertidumbre tributaria” como su principal riesgo operativo es un claro síntoma de deterioro institucional. Cuando el Estado deja de ser un árbitro predecible y se convierte en un actor impredecible, la economía y los agentes económicos empiezan a operar a la defensiva y con temor. El problema, ciertamente, no es la fiscalización. Ningún país moderno funciona sin una autoridad tributaria fuerte. El problema es la arbitrariedad y la subjetividad. Cuando las reglas cambian en la práctica más que en la ley, cuando los criterios se reinterpretan sin coherencia y con discrecionalidad, cuando el contribuyente formal siente que puede ser sancionado incluso cumpliendo cabalmente la norma, el mensaje es devastador: invertir es arriesgarse no solo al mercado, sino a las garras del propio Estado.