La Fundación Salma ha lanzado una Guía Jurídica sobre salud mental en Galicia ante lo que consideran una situación “inadmisiblemente precaria”. Esta iniciativa, fruto del trabajo desinteresado de doce expertos, llega después de que su propuesta para una Ley Gallega de Salud Mental, que recogió más de 17.000 firmas, fuera rechazada en el Parlamento. La guía busca ser una “herramienta útil” para que la ciudadanía conozca sus derechos y las vías de reclamación existentes. La presidenta de la fundación, Ana González, ha denunciado prácticas que vulneran la legislación actual. Según explica, uno de los problemas más graves es el ingreso de personas con enfermedades mentales graves en residencias de mayores. “La ley es explícita, dice que que eso no puede ser, se puede hacer bajo el concepto de emergencia social, pero con carácter temporal, nunca con carácter permanente”. Sin embargo, lamenta que “en la práctica se está haciendo de forma permanente, porque como no existen en absoluto plazas de este tipo, se están llenando las residencias de mayores con personas con problemas de salud mental”. Esta situación, según González, es paralela a lo que ocurre en el sistema penitenciario. La ley “prohíbe explícitamente que se ingresen personas con graves problemas de salud mental que hayan cometido delitos en cárceles ordinarias”, ya que deben estar en unidades penitenciarias psiquiátricas. Pero la realidad es otra: “Como no existen ni en Galicia ni en la mayoría de España, pues se están llenando las cárceles con estas personas tan enfermas, que no reciben la atención que necesitan”. Los derechos de los menores también se ven comprometidos. González señala que, por ley, “tienen derecho a ser tratados en unidades con formas de menores”, pero “se siguen ingresando niños y niñas en unidades agudos de de adultos” por falta de camas. Del mismo modo, menores con problemas graves de salud mental no deberían ingresar en centros de menores que cumplen medidas judiciales, sino en unidades especiales que no existen. La guía también aborda el colapso del sistema de Dependencia. Ana González aclara que los retrasos no se deben a la burocracia, como se ha sugerido en ocasiones. “El sistema de dependencia no está colapsado porque la solicitud se tramite de forma conjunta o separada. El sistema de dependencia está colapsado por la falta total de recursos necesarios para hacerlo efectivo”, afirma. Denuncia que “faltan recursos antes, porque no existen profesionales suficientes para que hagan las valoraciones” y, sobre todo, “faltan nuevos recursos” y dotación económica. Para González, el resultado es un “viacrucis de de meses, años de espera” para que a un ciudadano se le reconozca un derecho por ley que luego no puede ejercer. Se pregunta de qué sirve tener derecho a una prestación económica o un servicio o una plaza en una unidad residencial, reconocido en el sistema de dependencia, "pero nunca cede a él, porque, sencillamente, no hay recursos?”. En el fondo del problema, según la fundación, está la inversión insuficiente. Ana González califica la financiación en salud mental de “ridícula”. Aporta un dato demoledor: en el año 2025, “solo se invirtió el 0,3% del gasto total de Sanidad. No llegamos ni al 1 %”. Esto contrasta con el hecho de que “más de la tercera parte de la población está afectada ya por algún problema de salud mental”. La guía, a través de un capítulo específico  subraya que la falta de financiación “no exime a la administración de su responsabilidad legal de hacer cumplir las leyes”. González insiste en que los derechos reconocidos en la cartera de servicios deben ser garantizados: “Que una persona no pueda ejercitar su derecho a recibir esa unidad residencial o esa prestación económica porque no existe, es responsabilidad de la administración. Ahí la administración tiene una responsabilidad legal, y se puede exigir”. Además de exponer las vulneraciones de derechos, la guía ofrece información sobre aspectos prácticos que, según González, “la mayoría de la gente también desconoce”. Por ejemplo, explica que el seguro escolar cubre neuropsiquiatría, consultas de psicología e incluso ingresos en clínicas privadas. También se dedica un capítulo, redactado por un inspector de Hacienda, a detallar “todas las ventajas fiscales que hay para la discapacidad”. La presidenta de la Fundación Salma, quien ha hablado desde su experiencia como familiar afectada, ha concluido que la guía está cumpliendo su objetivo de paliar el “desamparo, desarraigo, impotencia, frustración y rabia” de muchas familias. La Guía Jurídica de la Salud Mental en Galicia ya se puede descargar de forma gratuita en la web fundacionsalma.org en castellano, y próximamente estará disponible en gallego.