El Ayuntamiento de Almendralejo ha admitido de forma oficial que no encuentra el contrato de gestión del agua potable firmado en 2006 con la empresa URBASER S.A., actual SOCAMEX-Aqlara. Así lo ha comunicado la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo, que inició hace dos años un procedimiento legal para obtener información sobre dicho servicio. Durante casi veinte años, un servicio público esencial se ha gestionado y cobrado sin que el Ayuntamiento conserve, o al menos localice, el documento que establece las condiciones y obligaciones de la empresa concesionaria, según denuncia la plataforma. Tampoco aparece la ampliación del contrato aprobada en el año 2012. El camino de la plataforma para acceder a la información ha estado lleno de obstáculos. En un primer momento, el Ayuntamiento comunicó que la documentación ya había sido remitida, lo que llevó al Defensor del Pueblo a cerrar sus actuaciones. Sin embargo, la plataforma nunca recibió los documentos clave. Tras dos años de recursos y escritos, la respuesta final ha sido la admisión de que el contrato no consta en la unidad responsable. Desde la plataforma expresan su frustración con ironía: "Para cobrar el recibo del agua no parece haber ningún problema de localización documental. Para encontrar el contrato que regula ese cobro, en cambio, la búsqueda se prolonga durante años… sin éxito". La organización considera que, aunque "parecería una comedia administrativa", el asunto es grave al afectar "a un servicio esencial y al dinero de todos los vecinos". El documento desaparecido es fundamental, ya que regula aspectos como las condiciones económicas pactadas, las posibles prórrogas y el equilibrio financiero de la concesión. "Si el contrato no se encuentra, la situación es gravísima. Y si existe, pero no se entrega, también", denuncian desde la plataforma ciudadana. Ante esta situación, la plataforma ha solicitado la intervención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que obligue al consistorio al cumplimiento efectivo de la ley. La organización subraya que la transparencia "no es un favor que concede la Administración cuando le apetece. Es una obligación legal".