El acuerdo incluye que los dos investigados piden "perdón" por haber entregado una copia de la tarjeta del teléfono de la activista al comisario Villarejo, que está acusado de haber entregado a dos medios de comunicación esa tarjeta Los dos periodistas acusados de revelación de secretos en el caso Dina han alcanzado un acuerdo con las acusaciones particulares, que ejercen Pablo Iglesias y Dina Bousselham, según el cual los investigados piden “perdón” por haber entregado una copia de la tarjeta del teléfono de la activista al comisario Villarejo y los perjudicados retiran las peticiones de cárcel contra ellos. El acuerdo, alcanzado en las últimas horas, ha sido expuesto durante la primera sesión del juicio y ha provocado que los dos periodistas eviten el banquillo, por tratarse la revelación de secretos de un delito que en este caso no puede sostener únicamente la Fiscalía sin los directamente perjudicados. Las acusaciones particulares de Iglesias y Bousselham solicitaban tres años de cárcel para los periodistas mientras que la Fiscalía Anticorrupción elevaba la solicitud de pena a cuatro años. Tras el acuerdo solo será juzgado el comisario Villarejo, a quien las acusaciones atribuyen haber hecho llegar la copia de la tarjeta del teléfono de Bousselham a Okdiario y El Confidencial. Para el comisario, los perjudicados piden cuatro años de cárcel y cinco la Fiscalía. Durante esta primera sesión ha comparecido Bousselham ante el tribunal para ratificar su concesión de “perdón expreso e irrevocable”. Minutos después, Iglesias intervino por videoconferencia desde México expresándose en los mismos términos. Los hechos que se juzgan se remontan a enero de 2016, cuando Podemos y el PSOE comenzaban a negociar un posible acuerdo de Gobierno tras la irrupción del primero en el Congreso con 69 diputados, obtenidos en las elecciones de diciembre de 2015. El escrito del fiscal sostiene que el 19 de enero de 2016 una persona anónima entregó en la sede del Grupo Zeta un sobre que contenía la tarjeta micro SD que era la que había estado conectada al móvil sustraído y fue examinada por los dos periodistas, además de por un directivo y el presidente del grupo Antonio Asensio. La Fiscalía explica que este último toma la decisión de no publicar nada al respecto y se pone en contacto con Iglesias creyendo que la tarjeta le “podía pertenecer”. La tarjeta “contenía archivos con documentos internos del partido Podemos, diversos datos bancarios, archivos de video y audio, y (...) documentos de carácter íntimo y personal”. También había grupos de Telegram en los que participaban miembros de la cúpula del partido. Tras esa entrega a Iglesias, previo visionado en la sede de la editorial, el Ministerio Público asegura que entre enero y abril de 2016 los encausados fueron contactados por Villarejo, que era fuente “habitual”, y le entregaron una copia de esa tarjeta micro SD “conociendo que se trataba de un funcionario policial en activo del Cuerpo Nacional de Policía”. El escrito explica que el comisario, “actuando en abuso de sus funciones relacionadas con la inteligencia policial” hizo copias y las entregó “a periodistas de su círculo de confianza para que esto elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito de Podemos y de (...) Iglesias”. A continuación, los fiscales enumeran una serie de artículos de los dos medios digitales como prueba de que el contenido del móvil sustraído en 2015 efectivamente acabó siendo publicado a lo largo de 2016. El juez Manuel García Castellón pasó de considerar a Iglesias y Podemos víctimas de una maniobra del Ministerio del Interior a acusar al entonces vicepresidente del Gobierno de dos delitos y de solicitar su imputación ante el Tribunal Supremo, ante el que estaba aforado. El Supremo rechazó la pretensión de imputación y la Sala de lo Penal devolvió la condición de perjudicado a Iglesias, quien retuvo la copia que le entregaron en el Grupo Zeta durante meses antes de informar de los hechos a Bousselham.