La asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha presentado un escrito para denunciar la crítica situación que atraviesa la flota de vehículos de la Guardia Civil en Alicante. Según la asociación, la falta de previsión y la deficiente gestión administrativa de la Dirección General y el Ministerio del Interior han provocado un escenario de escasez de personal y medios en el que las patrullas no pueden salir a la calle por no disponer de vehículos operativos. Desde que en 2022 comenzara el despliegue de vehículos 100% eléctricos, el plan de implantación de Puntos de Recarga (PdR) se ha convertido, según JUCIL, en un laberinto burocrático de contratos fallidos y retrasos constantes. Esta situación ha llevado a la aparición de "instalaciones fantasma" en numerosas unidades, donde los cargadores están instalados pero sin permiso de uso. Esto obliga a los agentes a utilizar enchufes domésticos convencionales, un proceso que puede demorar la carga completa más de 24 horas para servicios de apenas unos kilómetros. El problema se agrava con la retirada progresiva de los vehículos de combustión por su antigüedad, que no están siendo reemplazados de forma efectiva. Los nuevos coches eléctricos no logran cubrir este vacío operativo al carecer de una infraestructura de carga adecuada. Además, los constantes cambios de empresas instaladoras y los graves problemas en el suministro eléctrico mantienen bloqueadas las modificaciones de potencia necesarias para que los cargadores funcionen, lo que se traduce en menos patrullas en las calles. Los jefes de unidad se enfrentan a diario a un escenario en el que, aun disponiendo de personal, no pueden nombrar servicios de prevención porque los vehículos eléctricos permanecen inmovilizados a la espera de una carga. "Es inadmisible que tengamos la tecnología y la infraestructura ya instalada, pero que por la mera falta de una autorización o de una tarjeta de control, el ciudadano pierda la protección de una patrulla en su municipio", señalan desde JUCIL. Ante esta situación, JUCIL ha solicitado la autorización inmediata para el uso de todos los puntos de recarga ya instalados, la agilización en la entrega de tarjetas de identificación y control para la gestión de la carga y la creación de un plan de contingencia real que garantice que ninguna patrulla se quede en el cuartel por falta de un medio de transporte operativo. JUCIL finaliza su comunicado recordando que la seguridad pública no puede depender de la gestión deficiente de un expediente administrativo y que el lema "el honor es mi divisa" debe ir acompañado de los medios dignos para poder ejercerlo con eficacia.