En medio de la crisis financiera y de atención que vive el sistema de salud, se conoció una denuncia que involucraría a la familia del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Se trataría de un presunto “cartel del cáncer” en Nueva EPS. Le puede interesar: ¿Saca pecho con cifras infladas? La polémica tras el gráfico de mortalidad infantil publicado por Petro . La denuncia —realizada con la respuesta a un derecho de petición a esa aseguradora— de la representante a la Cámara Katherine Miranda (Alianza Verde) advierte que podría haber un esquema irregular de concentración de exámenes de alto costo en el sistema de salud. Según la información recopilada por el equipo de la congresista, la Clínica Clinaltec (ubicada en Ibagué) ha concentrado “masivamente” exámenes PET-CT remitidos por la Nueva EPS desde distintas regiones del país, en su gran mayoría correspondientes a pacientes oncológicos. Los exámenes PET-CT son estudios fundamentales para diagnóstico, estadificación y seguimiento del cáncer. Miranda advierte que las cifras evidencian un crecimiento exponencial, debido a que en 2023 esa clínica recibió 176 pacientes remitidos desde otros departamentos; posteriormente, en 2024, la cifra ascendió a 723 pacientes y en 2025, aumentó a 1.846 pacientes. “Esto representa un incremento del 946 % frente a 2023”, asegura la representante. Adicionalmente, su indagación señala que en enero de 2026 fueron remitidos 222 pacientes en un solo mes, superando el total de todo el año 2023. Así las cosas, entre 2023 y enero de 2026, se concentraron 3.374 exámenes PET-CT en esta institución prestadora de servicios de salud (IPS). En el mismo periodo, la facturación pasó de cerca de $970 millones en 2023 a más de $17.600 millones acumulados. La congresista Miranda —quien aspira al Senado en las próximas elecciones legislativas— advirtió que el marco normativo del sistema de salud establece que la remisión a otro municipio o departamento solo procede cuando el servicio no esté disponible en la red local o regional con capacidad técnica habilitada, bajo los principios de accesibilidad, eficiencia y continuidad en la atención. No obstante, en Bogotá y departamentos como Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca existe tecnología PET-CT habilitada. De igual manera, la representante señaló que “es de público conocimiento en el Tolima la cercanía del dueño de la clínica con la familia Jaramillo”. Ante esto, indica que por la magnitud de la concentración de recursos y remisiones, exige los más altos estándares de transparencia. De acuerdo con la información analizada, de las 3.374 remisiones solo 617 incluyeron viáticos, mientras que más de 1.400 pacientes habrían asumido directamente los costos de traslado. Así las cosas, la congresista exigió que haya trazabilidad de las decisiones que originaron estas remisiones, la publicación de los criterios técnicos utilizados por la Nueva EPS y la intervención inmediata de los organismos de control. “El listado que me da la propia Nueva EPS diciendo quién le presta el servicio PET-CT y se evidencia que hay muchas IPS que le prestan el servicio a nivel nacional, entonces no es entenedible por qué están direccionando la gente hacia Ibagué”, le dijo a EL COLOMBIANO Katherine Miranda. Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.