Medio siglo después, la verdad oficial sobre la matanza del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz sigue sometida al secreto oficial. La integridad de un Estado democrático no puede descansar en la ocultación de un crimen, y menos aún cuando no existe amenaza creíble a su seguridad por conocer quién ordenó, ejecutó y encubrió la represión que dejó cinco trabajadores muertos y más de un centenar de heridos en la iglesia de Zaramaga. Lo que sí erosiona esa integridad es la impunidad amparada por la falta de voluntad de alumbrar con justicia violaciones flagrantes de derechos.