La Ley de Propiedad Horizontal ofrece mecanismos legales claros para proteger los intereses colectivos cuando un propietario realiza obras no autorizadas en zonas comunes. El artículo 14 de esta normativa se ha consolidado como el principal instrumento legal para los residentes que se enfrentan a modificaciones irregulares en sus edificios, estableciendo un procedimiento específico que toda comunidad debe seguir antes de iniciar cualquier obra que afecte a elementos compartidos. El texto legal es claro al determinar que ningún propietario puede realizar obras que alteren la estructura del inmueble sin la previa autorización de la comunidad.