Aunque la pregunta pueda parecer muy obvia para todo el espectro de la izquierda socialdemócrata y un irritante estorbo discursivo social para el sector más liberal de nuestra política, cabe pensar que no hay nada obvio en su significado cuando dentro de los programas políticos de los partidos parlamentarios es quizá uno de los pocos elementos comunes que cabe encontrar, desde un polo al otro del estrato electoral. Todos defienden aumentar la inversión en la construcción de más vivienda pública, aunque en todo lo demás puedan tener intereses contrarios. ¿No debería causarnos algún tipo de sospecha que, bajo este lema, que todos damos por sentado como socialmente beneficioso, tanto un partido como el contrario usen este eslogan del mismo modo? En este artículo nos vamos a centrar en reflexionar qué significa realmente defender la vivienda pública cuando la reivindican los políticos profesionales y que debe significar cuando la defendemos nosotros como sociedad. Porque igual, a base de no pensar en ello, resulta que el mismo lema ha servido a propósitos radicalmente diferentes cuando lo dicen ellos y cuando lo decimos nosotros. Igual sucede que a lo que se refieren los políticos con más vivienda pública acaba resultando un ahondamiento en la crisis de vivienda, en la venta masiva de suelo público y en la depauperación y expulsión de las poblaciones que se acogen a los regímenes sociales, que el Estado tramposamente auspicia. Igual esta reflexión nos deja ver un elemento esencial que debemos tener en cuenta como sociedad (o al menos como clase trabajadora, si entendemos que no todos los estratos de la sociedad tienen los mismos intereses) a la hora de elevar demandas al Gobierno, que bajo el marco del neoliberalismo, el interés nacional (eminentemente el lucro económico y electoral) y el interés social, son contrarios e incompatibles. Con ello en mente nos percatamos que para que una demanda con genuino beneficio social común sea llevada a cabo, no debe ser pedida a los gobiernos de turno, sino que debe ser forzada por medio de la propuesta a que se cumpla como designio de la ciudadanía, por mucho que al estado le resulte perjudicial en sus intereses privados. Así pues, "más vivienda pública" es una proclama equívoca que puede servir a más de un interés y bajo la cual pueden convivir intereses sumamente contradictorios. Por un lado, podría pensarse en términos liberales que la solución pasa por invertir en ladrillo para posteriormente etiquetarlo como público y así eliminar la mancha de connotaciones que a la izquierda repelen, como contribuir a la lógica de la oferta y la demanda para bajar el precio de la vivienda. El asentamiento de este mantra proviene de la herencia política del franquismo inmobiliario, explicando cómo siendo el sexto país de la OCDE con más viviendas construidas (casi 500 por cada mil habitantes) el precio de la vivienda sigue la tendencia de subida absurda y deshumanizada que lleva. Tan sencillo como que construir un nuevo carril en una carretera no soluciona los atascos. El ámbito...