El presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, ha presentado en Murcia un informe que radiografía la realidad migratoria del país. El documento, elaborado a petición del Gobierno, destaca que  España es el cuarto país del mundo en volumen absoluto de inmigrantes, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. El informe del CES subraya varias singularidades del fenómeno migratorio en España. En primer lugar, más del 50 % de la población inmigrante son mujeres, un rasgo que no se da en ningún otro país europeo y que, según Costas, obliga a dirigir las políticas de una forma especial hacia ellas, ya que sufren una "doble discriminación", por ser inmigrantes y por ser mujeres. En segundo lugar, la población inmigrante no se reparte de manera uniforme. Se concentra principalmente en el eje mediterráneo, desde Cataluña hasta Málaga, pasando por la Región de Murcia. El informe advierte que en ciertos barrios o localidades, esta concentración llega a niveles de "saturación", un factor clave para entender las tensiones sociales. El estudio analiza el impacto económico y laboral de la inmigración y concluye que los resultados son positivos. Aunque los inmigrantes sufren brechas salariales al llegar, estas tienden a cerrarse tras cinco años de residencia, produciéndose una "convergencia bastante intensa". Sorprendentemente, la llegada de inmigrantes no solo no afecta negativamente a los salarios de los autóctonos, sino que mejora la calidad de sus empleos por un "efecto de desplazamiento hacia arriba". Contrario a la creencia popular, el informe no encuentra evidencias de que la inmigración consuma más servicios públicos o prestaciones sociales que la población autóctona en el corto y medio plazo. Costas matiza que los efectos a largo plazo no han sido objeto de este análisis. Si los datos económicos son positivos, ¿por qué ha habido un giro en las percepciones de la población nativa? España, tradicionalmente un país de acogida, ha visto cómo la preocupación por la inmigración crecía de forma reciente y rápida. El informe sugiere que este cambio no responde a un impacto negativo en la vida de las personas, sino a una percepción sobre el conjunto del país. La principal tesis del CES es que el rápido proceso migratorio no ha ido acompañado de una mejora proporcional en los servicios públicos en las zonas de alta concentración. "Ese proceso intenso no ha ido acompañado de una mejora similar en la calidad de los servicios públicos fundamentales", ha afirmado Costas. Este "punto ciego" es lo que, a su juicio, genera la mala percepción, por lo que propone dar más capacidad a las administraciones locales para gestionar la integración. Costas también ha defendido las regularizaciones extraordinarias como una herramienta necesaria para combatir la exclusión. A su juicio, "esta irregularidad es el elemento pernicioso de la inmigración", ya que es "dramático para las propias personas" y priva al país de sus capacidades. Por ello, considera fundamental "sacar de la situación de irregularidad a un elevado número de personas". Por su parte, el Gobierno regional de Murcia, representado en la presentación del estudio por Nicolás Gonzálvez, secretario general de la Consejería de Política Social,  ha mostrado una postura crítica, apostando por una inmigración "desde la sensatez, la regularidad y el orden". El ejecutivo autonómico rechaza la última regularización masiva promovida por el Gobierno, a la que ha presentado alegaciones, ha  alertando del " tensionamiento de los servicios públicos" y la cohesión social, y ha reclamado que España retome la senda del Pacto Europeo de Migración.