Gabriel Le Senne, quien se encuentra pendiente de ser juzgado por romper la foto de tres víctimas del franquismo, se ha negado a retirar las imputaciones lanzadas por una compañera de bancada: "Es una cuestión política. En este Parlament, mientras yo sea presidente, la libertad de expresión tiene la amplitud que yo creo que debe tener" El Parlament balear asume el discurso neonazi de la “remigración” y urge a deportar a los migrantes que “no se integren” La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha acusado este martes a los partidos de izquierda de ser “cómplices” de “violaciones”, de “tráfico de seres humanos” y del “terrorismo yihadista” por apoyar la regularización extraordinaria de personas migrantes en una intervención que ha elevado la tensión en la Cámara. Pese a las reiteradas peticiones de la oposición, el presidente de la Cámara, el ultra Gabriel Le Senne, se ha negado a retirar las expresiones del Diario de Sesiones: “No las voy a eliminar. Es una cuestión política, igual que cuando ustedes nos llaman fascistas. En este Parlament, mientras yo sea presidente, la libertad de expresión tiene la amplitud que yo creo que debe tener”. El episodio ha tenido lugar durante el debate de una propuesta del PP que, con el apoyo de Vox, ha expresado su rechazo a la regularización extraordinaria de migrantes planteada por el Gobierno central al considerar que “contribuye a un efecto llamada” e “ignora el crecimiento poblacional en Balears”. Como en otras ocasiones, Cañadas ha acudido a una de las falsas proclamas de la extrema derecha, la que atribuye a los flujos migratorios la precarización laboral, la bajada de salarios o la inseguridad, a pesar de que numerosos informes académicos y análisis de organismos públicos han cuestionado la relación directa entre migración y criminalidad, y de que instituciones como el Banco de España han subrayado la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. En un momento en el que la izquierda reprochaba a Cañadas sus palabras, ésta les espetaba desde la tribuna: “Dejen de bramar, que son muy pesados”, lo que ha provocado una mueca jocosa por parte de Le Senne. Tras la intervención de la portavoz ultra, la oposición ha solicitado el amparo del reglamento para que Le Senne llamara al orden a la diputada y se suprimieran las acusaciones de Cañadas al considerar que con ellas ha imputado la presunta comisión de varios delitos a otros parlamentarios. “Lo que pedimos es que se borren las alusiones que han intentado criminalizar a los grupos parlamentarios de la oposición y a una parte sustancial de esta sociedad. Uste tiene la responsabilidad de que estas palabras no consten en el libro de sesiones”, ha aseverado el portavoz socialista, Iago Negueruela, dirigiéndose a Le Senne. Junto a él, los demás portavoces de izquierdas y un exparlamentario de Vox han reclamado que las palabras proferidas por Cañadas no constaran en el Diario de Sesiones al entender que, fuera del hemiciclo, podrían tener relevancia penal. Pese a ello, Le Senne, quien se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio por romper en pleno hemiciclo la fotografía de tres víctimas del franquismo , ha minimizado lo sucedido, considerando de índole “política” el hecho de que Cañadas haya relacionado inmigración con delincuencia, por lo que ha considerado que los grupos tienen derecho a exponer esta cuestión, abriendo con ello un nuevo frente sobre los límites de la libertad de expresión parlamentaria que conecta, además, con la estrategia discursiva que la formación de extrema derecha despliega a nivel estatal. Lo único que el dirigente ultra le ha reprochado a Cañadas ha sido la utilización del improperio “sinvergüenzas”, calificándola de “excesiva” y emplazando a la portavoz a retirarla, a lo que ésta se ha negado de forma expresa. Le Senne, asimismo, ha recriminado a los diputados de la izquierda haber interrumpido a su compañera de partido durante su turno de palabra. Por su parte, durante su defensa de la iniciativa, la diputada del PP Cristina Gil ha manifestado que la regularización no es más que “una maniobra de pura resistencia” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y “un negocio redondo para las mafias”. “No somos contrarios a la regularización, sino a esta regularización”, ha sostenido sobre una medida que ha considerado “tan improvisada como oportunista”. Desde la oposición, Negueruela ha lamentado que el PP y Vox estén participando en “una carrera para ver quién es más racista, quien insulta más y quien tiene el discurso más xenófobo”. “La regularización es respetar los derechos humanos de las personas que viven y trabajan aquí”, ha contrapuesto el socialista, lamentando que la derecha desearía que las personas en situación administrativa irregular “no tuvieran derechos”. “Díganle a las personas que están aquí que los quieren expulsar por el color de su piel, su religión o su forma de pensar”, ha insistido dirigiéndose a la bancada popular. “Están buscando asimilar que las personas migrantes vienen a cometer delitos, y eso no es cierto”, ha añadido. En esta línea, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha sostenido que la iniciativa del PP “nace muy torcida” dado que, pese a que su discurso se centra eminentemente en las personas que llegan en patera procedentes del norte de África, estos apenas representan un 11% de los migrantes que se encuentran en situación irregular y que, por lo tanto, podrían ser beneficiarios de la medida del Gobierno. La ecosoberanista también ha aprovechado su intervención para tratar de desmontar algunos de los argumentos empleados por Vox para oponerse a la regularización, como el referente al acceso a la vivienda. “Quien revienta el mercado inmobiliario no son estas personas, sino el 30% de extranjeros que pagan las viviendas a tocateja”, ha defendido. Le Senne alerta de una supuesta “extinción” de los españoles Se da la circunstancia de que, el pasado domingo, Le Senne utilizó el acto institucional del Día de Balears para alertar de una supuesta “extinción” de los españoles y agitar la teoría conspiranoica del ' gran reemplazo ', una tesis sin base científica que sostiene que la población europea estaría siendo sustituida demográficamente por personas migrantes, especialmente de origen no europeo. Se trata de un discurso ideológico ampliamente difundido por la formación de extrema derecha en España, partidos afines en Francia, Italia o Alemania y numerosos grupos neonazis europeos que ha llevado a endurecer la política migratoria en las Comunidades Autónomas en las que el PP gobierna de la mano de Vox. El dirigente aseveró que las autoridades tienen la obligación de “cumplir y hacer cumplir” la ley ante lo que definió como un fenómeno de “inmigración masiva”, advirtiendo de que “sin control de fronteras, el Estado queda a merced de cualquier invasor extranjero”, lo que, en su opinión, podría derivar en un “Estado fallido” y la consiguiente implantación de “la ley de la selva”. Cabe recordar, además, que el pasado 17 de febrero Vox sacó adelante, con el aval de los populares, una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno central a deportar a las personas migrantes que, aunque se encuentren en situación legal, cometan algún delito grave o hagan del delito leve “su forma de vida”, así como a aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o intente imponer la suya”. La propuesta apela a la llamada “ remigración ”, un término que la extrema derecha europea ha popularizado en los últimos años como consigna política, bajo la cual agrupan propuestas como la devolución masiva de migrantes -e incluso de ciudadanos nacionalizados- por motivos culturales o identitarios. El postulado, que no forma parte del marco jurídico español ni de la legislación de otros países europeos, ha sido abanderada especialmente por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD) así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox lo ha incorporado a su discurso como eje de su ofensiva migratoria . En diciembre, la diputada de Vox Patricia de las Heras aprovechó una pregunta rutinaria de control al Govern para realizar una defensa explícita de las armas de fuego ante las agresiones con arma blanca : “Si queremos exigir a los agentes que actúen con la pericia necesaria ante un desalmado, un desquiciado o un practicante de la religión de la paz que ataque a nuestros ciudadanos deben disparar y hacerlo con toda la pericia necesaria para ello”, llegó a espetar, aludiendo de este modo a una de las proclamas más difundidas por la derecha y la extrema derecha, la que relaciona la inmigración y la religión musulmana con la delincuencia y la violencia y que ha sido ampliamente desmentida por las fuentes oficiales y numerosos estudios científicos .