La política exterior del Gobierno vuelve a situar a España en una posición incómoda, más allá de la irrelevancia. Mientras Francia, Grecia y Reino Unido refuerzan su despliegue en Chipre y Alemania respalda a Estados Unidos, el Ejecutivo socialista opta por una equidistancia que lo deja solo en el peor de los escenarios: el de la ambigüedad moral y la orfandad estratégica. España no puede permitirse estar donde hoy la ha colocado Sánchez , recibiendo elogios de actores que representan lo contrario a los valores democráticos que dice defender. No es una cuestión retórica, sino la constatación de una soledad diplomática inquietante y de las sombras en las que se adentra nuestra política exterior. El esquema geopolítico es sencillo y, a la vez, desolador: hoy los apoyos a la postura española se concentran en estados y grupos que vulneran sistemáticamente los derechos humanos, mientras se alinean en contra nuestros principales aliados, desde Washington hasta Israel, pasando por la OTAN y las democracias de nuestro entorno. Cabe, por supuesto, el debate sobre las formas de Washington y sobre la conveniencia de determinadas decisiones. Lo que no admite discusión es la diferencia ética y política entre una democracia aliada –con controles institucionales y rendición de cuentas– y un régimen criminal que oprime a su población desde hace décadas. Pretender situarse en la equidistancia entre ambos mundos no es neutralidad: es renunciar a un criterio moral básico. Estar lejos de la Casa Blanca por animadversión ideológica doméstica acaba, inevitablemente, por acercar a España a Teherán. Esta deriva no es nueva. Se acentuó con los pactos del presidente con fuerzas que siempre han desconfiado de la OTAN y lo occidental. Los servicios de inteligencia estadounidenses observaron con recelo ese giro. La pérdida de confianza tiene consecuencias tangibles en ámbitos sensibles como la cooperación en inteligencia, la defensa y la economía. España es una potencia media con intereses y vulnerabilidades claras; no puede jugar a la marginalidad estratégica sin pagar un precio elevado. Ese coste se agrava si se considera nuestra posición geográfica. España es frontera sur de Europa y gestiona equilibrios delicados en su vecindad inmediata. La presión sobre Ceuta y Melilla y la relación compleja con Marruecos exigen una diplomacia firme y alianzas sólidas. Ayer, ante la negativa del Gobierno a permitir el uso de las bases compartidas de Rota y Morón para la operación contra Irán, Trump afirmó que «no queremos tener nada que ver con España». De hecho ha dado instrucciones al secretario del Tesoro «para que corte todas las relaciones con España». La reacción de La Moncloa ante la crisis iraní no hace sino profundizar estas carencias. Se adoptan decisiones desleales con nuestros aliados y perjudiciales para el interés nacional. Y no por convicción ética, sino por el cálculo político de liderar el flanco más radical de una menguante coalición de izquierdas. El presidente invoca el lado correcto de la historia mientras conduce a España a un callejón diplomático sin salida. El lado sanchista de la historia no es el de los principios, sino el de la conveniencia inmediata. El precio no lo paga el presidente: lo asumen todos los españoles , en forma de menor influencia, menos seguridad y mayor incertidumbre en un mundo en crisis.