El Gobierno sigue noqueado tras el rechazo al escudo social. No hay plan ni apoyos suficientes para impulsar un tercer intento, tras los dos fracasos registrados anteriormente. Por ello, mientras se articula una estrategia alternativa, el Ejecutivo ha vuelto a recurrir al comodín de la vía ejecutiva -sorteando el Congreso- para aprobar iniciativas que no tienen el respaldo necesario para prosperar en las Cortes. Tras el veto de Junts al decreto , en Moncloa maniobran para recuperar dos de las iniciativas que incluía en lo que supone, en la práctica, comenzar a despiezar la norma, priorizando aquellas cuestiones cuya viabilidad se puede asegurar. En concreto, el Consejo de Ministros dio este martes luz verde a dos tipologías de ayudas destinadas, por un lado, a una línea de créditos ICO para los afectados por emergencias de Protección Civil y, por otro, a explotaciones agrarias. Ambas sin rango de ley, por lo que se han podido impulsar sin necesidad de que medie aval parlamentario. Sin mayoría en el legislativo, el Gobierno se ha entregado a sus competencias ejecutivas para promover su agenda política. Decisiones como la subida del Salario Mínimo, la regularización masiva de inmigrantes o la desclasificación de la documentación reservada del 23-F han seguido esta vía. En Moncloa, no obstante, no renuncian al contenido del escudo social. Mantienen su vocación de volver a intentarlo, pero recuerdan que ya han fracasado en dos ocasiones y que solo lo llevarán una tercera vez al Congreso si tienen la seguridad de que sí saldrá adelante. Pese a iniciar un troceo selectivo del contenido del decreto, priorizando aquellas cuestiones susceptibles de salir adelante, en Moncloa no están -por ahora- dispuestos a vaciarlo del todo, excluyendo lo relativo a vivienda, porque son conscientes de que esto -que es lo que pide Junts- generaría un profundo malestar entre sus socios de izquierdas. En este sentido, reclaman tiempo para seguir negociando con sus socios sobre los aspectos más controvertidos: moratoria antidesahucios, el bono social eléctrico o la prohibición de cortes de suministros a las familias vulnerables. «Vamos a llevar algo que pueda salir», señalan, sin ninguna intención de precipitarse esta vez. Esto, porque Junts sigue siendo una pieza clave. Aunque la salida de José Luis Ábalos abarató su precio político, demandando simplemente una abstención en lugar de un voto afirmativo, los de Carles Puigdemont siguen enrocados en su negativa a negociar nada con el Ejecutivo. El impacto de la ofensiva militar conjunta que Estados Unidos e Israel perpetraron en suelo iraní el sábado que ha vuelto a desestabilizar -aún más si cabe- Oriente Medio, amenaza con trasladarse directamente al bolsillo de los ciudadanos españoles. Aunque, en opinión de Sumar, las consecuencias que podría tener la escalada bélica en la región sobre los precios, especialmente del combustible, se lograrían atenuar recurriendo a un nuevo paquete de ayudas para hacer frente a estos efectos igual que el de la guerra en Ucrania. Y ya, de paso, como propone el socio minoritario del Ejecutivo de coalición, introducir en el mismo decreto la moratoria antidesahucios para personas y familias vulnerables que el Congreso tumbó el pasado jueves tras el voto en contra de las derechas. Sin embargo, en la parte socialista del Gobierno no acaban de ver esta vía y piden prudencia, sin entrar en «especulaciones» sobre el impacto que puede acabar teniendo la escalada en Oriente Medio. «Un impacto que va a depender de la duración de la situación», señalan, sin adelantar que vaya a existir una legislación futura en este sentido. En rueda de prensa el martes, el diputado de Compromís, integrado en el Grupo Plurinacional, Alberto Ibáñez, apremió al PSOE a aprobar un nuevo escudo social «que incluya medidas que den seguridad a las familias con un tope al alquiler -como también propone Podemos- y a la cesta de la compra», pero que, a la vez, recupere la moratoria antidesahucios así como la prórroga de los más de 600.000 contratos de alquiler iniciados durante la pandemia. Todo ello, dijo, «en el marco de una guerra que será más larga de lo que piensan». La diputada de Comuns, Aina Vidal, respaldó asimismo la propuesta de repensar y rehacer el decreto de cara a no solo aprobarlo, sino ampliarlo. «Nos encantaría que no fuera así, pero España necesita de un decreto de escudo social», apuntó. Movimiento Sumar, por su parte, insta también a replicar la excepción ibérica «que tan buen resultado dio», topando el precio del gas en el mercado mayorista, Se trata de un planteamiento, no obstante, que no se ha discutido a nivel interno de Sumar ni mucho se ha elevado a los socialistas. De hecho, en La Moncloa confiesan aún no haber llegado a dicho escenario; prefieren ser cautos y esperar al desarrollo de los acontecimientos. En cualquier caso, los de Yolanda Díaz en la Cámara Baja se niegan a renunciar a la suspensión de los desahucios y, en este sentido, se muestran dispuestos a «ir con todo», aprovechando ahora el nuevo contexto de crisis energética en Oriente Medio: «Es de sentido común», reflexionan voces del espacio partidarias de trampear el decreto. En un hipotético contexto de subida disparada del precio de los carburantes creen que PP y Junts tendrían un menor margen para rechazar una tercera vez el decreto debido al alto coste político que les supondría, lo que, a su vez, consideran estas mismas fuentes, sitúa al Gobierno en una posición de mayor fuerza que la pasada semana.