Varias asociaciones y colectivos de la sociedad civil zamorana, como Aqua Nostra, Terra SOStenible, Viriatos Zamora y la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente y Medio Rural de Villalcampo, han presentado nuevas alegaciones en los procesos de reversión de los saltos hidroeléctricos de Villalcampo y Castro. El objetivo es que, una vez finalicen las concesiones actuales, la explotación de estas infraestructuras deje un retorno económico real en la provincia. Según explicó la abogada Pilar Calvo, encargada de elaborar las alegaciones, se busca que las empresas que gestionen los embalses tengan sede social y fiscal en Zamora o, al menos, constituyan una sociedad vehicular que tribute en la provincia. Esto permitiría que los impuestos derivados de la producción y transporte de electricidad se queden en el territorio, compensando el desequilibrio actual, ya que la sede social de Iberdrola se encuentra fuera de la provincia. Entre otras demandas, los colectivos piden que se establezca un canon de 5.000 euros por megavatio instalado para los municipios afectados, suministro eléctrico gratuito para localidades cercanas y la reversión de los poblados y terrenos expropiados en la construcción de las presas. Estas medidas buscan garantizar que la producción hidroeléctrica tenga un impacto directo en la economía local y en la calidad de vida de los vecinos. Otro de los puntos clave de las alegaciones es la propuesta de habilitar una carretera sobre la presa del Castro que conecte las comarcas de Sayago y Aliste, evitando recorridos alternativos de hasta 50 kilómetros. Para los colectivos, la reversión de estas presas no es solo una cuestión jurídica o económica, sino una oportunidad estratégica para mejorar la cohesión territorial y frenar la despoblación en zonas históricamente afectadas. Sin embargo, las plataformas han criticado la escasa implicación de algunas instituciones y ayuntamientos, aunque algunos consistorios han presentado alegaciones. La abogada Pilar Calvo ha señalado que la falta de acción podría afectar la capacidad de la provincia para reclamar un reparto más justo de los beneficios de la energía hidroeléctrica. Por su parte, alcaldes como José Martín, de Almaraz de Duero, y Felipe Cuesta, de Villaseco del Pan, respaldan el fondo de las reivindicaciones, pero han mostrado diferencias sobre la forma de participación y la comunicación con los colectivos. Actualmente, la situación sigue pendiente de resolución judicial, especialmente respecto a la prórroga solicitada por Iberdrola para mantener la concesión de Villalcampo hasta 99 años. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidirá sobre este recurso, mientras el Ministerio para la Transición Ecológica considera que la concesión ya caducó en 2024. Este proceso determinará no solo el futuro de estas dos presas, sino también el modelo de gestión de otros saltos hidroeléctricos en la cuenca del Duero, y la capacidad de los territorios productores para exigir justicia fiscal y retorno económico efectivo.