Después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, la Generalitat Valenciana requirió documentación adicional a una decena de adjudicatarios en los que había sospechas de una posible tramitación irregular. Por ahora, según ha podido saber este diario, al menos dos de esas personas no han atendido el requerimiento de la conselleria: las dos funcionarias que comunicaron su intención de renunciar a los pisos.