En un sistema democrático es trascendente para su credibilidad la exigencia de responsabilidades políticas a quienes asumen cargos públicos. Esos deben dar cuenta efectiva de los resultados de su gestión a sus representados y asumir las consecuencias cuando se evidencie desviación o abuso de poder de su parte o de la de sus colaboradores. La impunidad no cabe en democracia y responder solo ante Dios y ante la historia es propio de dictaduras. Esa responsabilidad política implica rendir cuentas con transparencia y dar explicaciones de su quehacer con luz y taquígrafos. Explicaciones, obviamente, congruentes con las preguntas. Porque vemos habitualmente en sesiones de control al Gobierno sanchista que nos gobierna, como a preguntas concretas de la oposición se responde sin el menor rubor, cualquier cosa, tenga o no tenga relación con la pregunta. Trasladando el discutible ‘Método Ollendorf’ para la enseñanza de idiomas, a las respuestas parlamentarias. Siguiendo ese método pregunta y respuesta pueden discurrir por caminos completamente distintos. Sumándose a ello la nula eficacia de las comisiones parlamentarias de investigación, tanto del congreso como del senado. La experiencia acumulada muestra que las conclusiones de estas comisiones, si es que efectivamente las hay, no se traducen en una depuración real de responsabilidades.