La Asamblea Nacional dejó pasar una oportunidad para cerrar un vacío en la lucha contra la corrupción. La propuesta que buscaba extender el delito de enriquecimiento injustificado a particulares no prosperó, luego de que una mayoría en la comisión legislativa, liderada por el diputado Luis Eduardo Camacho, frenara la iniciativa. La decisión mantiene una paradoja jurídica: en Panamá es posible perseguir el enriquecimiento injustificado de funcionarios, pero no necesariamente el de quienes, desde el sector privado, participan o se benefician de esquemas que afectan al Estado. Los grandes casos de corrupción del país lo evidencian. El escándalo de Odebrecht y su secuela en proyectos como la remodelación del Casco Antiguo, actualmente en juicio, muestran cómo las redes corruptas de contratación públicas implican particulares y funcionarios. La corrupción funciona como un sistema: requiere tanto de funcionarios que deciden como de particulares que pagan, gestionan o se benefician. Ignorar ese vínculo legal no reduce la impunidad; simplemente deja intacta una parte esencial del problema.