El Parlamento de Canarias tramitará una nueva ley de autoridad docente ante el escenario de aumento de la conflictividad en las aulas de los colegios públicos e institutos de la región. Los informes sindicales constatan un porcentaje significativo de vejaciones, insultos y agresiones físicas que sufre el profesorado, tanto en los centros como a través de redes sociales, lo que ha provocado una erosión de la figura del profesor. Desde el sindicato STEC sostienen que, aunque la figura del docente ya es autoridad en la ley orgánica nacional, la nueva norma regional debe centrarse en aportar recursos concretos. Gerardo Rodríguez, portavoz sindical, advierte que la autoridad no puede ser un concepto formal si no hay herramientas de prevención, ya que "no se trata solamente de castigar, se trata también de prevenir que al profesorado no le ocurra lo que está ocurriendo". Este clima de tensión impacta en el bienestar de los trabajadores, con un incremento de cuadros de ansiedad y bajas médicas. El sindicato ANPE Canarias ha detectado este aumento a través de su servicio del defensor del profesor y reclama que la protección psicológica y jurídica debe prestarla la propia administración. Su presidente, Pedro Crespo, exige un sistema "ágil y sencillo", porque "no tiene que ser ANPE ni ningún otro sindicato el que lo preste, tiene que ser la propia administración". Para ANPE, el reconocimiento legal de la autoridad otorga legitimidad profesional para gestionar el aula y establecer normas de convivencia que las familias deben compartir. Defienden que no se trata de autoritarismo, sino de un marco de respeto necesario para que el alumnado aprenda que "en la vida no todo vale". La Consejería de Educación enmarca la ley en una estrategia para reforzar la convivencia escolar y dignificar la labor docente. El consejero Poli Suárez asegura que no es punitiva, sino que ofrece un respaldo institucional, porque "no podemos normalizar faltas de respeto, amenazas o agresiones al profesorado como si fueran parte del sistema educativo". Frente a las críticas por falta de medios, la administración destaca una inversión de 315 millones de euros y el aumento de personal. Según la consejería, se han duplicado los contratos de personal auxiliar para necesidades especiales, pasando de 941 en el curso 2022-2023 a 1.853, y se ha incrementado el personal docente especializado en más de 600 personas. El Gobierno canario también ha puesto en marcha un plan para la reducción de la burocracia y la bajada de ratios en diferentes niveles educativos. La ley continúa su trámite parlamentario con el objetivo de alcanzar un consenso que permita su aplicación efectiva para mejorar la calidad educativa en el archipiélago.