Al vender una vivienda, existen trámites y documentos que son cruciales para el éxito de la operación. Uno de los más importantes, y que puede generar dudas, es el certificado de la comunidad de propietarios. Sandra Tardáguila, de A10 Inmobiliaria, lo define como un documento "absolutamente imprescindible" para poder formalizar la compraventa ante notario. Este certificado es un documento oficial emitido por el administrador de fincas o el presidente de la comunidad. Su función principal, según Tardáguila, es "acreditar si el propietario está al corriente de pago de los gastos comunitarios o si, por el contrario, existen cuotas ordinarias o derramas pendientes". La presentación de este documento es obligatoria por ley en el momento de firmar la escritura pública de compraventa ante notario. El motivo es proteger al comprador, ya que este tiene derecho a conocer si la vivienda arrastra deudas con la comunidad. Esta protección es fundamental, pues en determinados casos el nuevo propietario podría tener que asumir esas cantidades, y tal como advierte la experta, "a nadie le gustaría llevarse esa sorpresa". El propietario de la vivienda es quien debe solicitarlo formalmente al administrador o al presidente. Una vez realizada la petición, la comunidad dispone de un plazo legal de 7 días para emitirlo. Por ello, Sandra Tardáguila aconseja "pedirlo con antelación para evitar después, pues, por ejemplo, retrasos en la operación". A diferencia de otros informes como el certificado energético, este no tiene un plazo de vigencia cerrado. Sin embargo, es imprescindible que esté actualizado a la fecha de la firma, ya que "certifica la situación económica exacta en ese momento". Esto se debe a que algunas comunidades giran los recibos mensualmente y otras cada seis meses, por lo que un certificado antiguo no garantizaría que no existan deudas recientes. No presentar este certificado puede acarrear consecuencias negativas tanto para el vendedor como para el comprador. Según la experta inmobiliaria, el principal riesgo es que la firma se paralice o se retrase, pero también puede generar desconfianza en el comprador o, en el peor de los casos, servir para "ocultar deudas que pueden derivar en conflictos posteriores". En definitiva, aunque pueda parecer un trámite menor, el certificado de la comunidad de propietarios juega un papel fundamental. Como concluye Tardáguila, "es un documento sencillo, pero es clave para garantizar una compraventa transparente y sin sobresaltos en el mercado inmobiliario". Su correcta gestión asegura un proceso de venta fluido y protege los intereses de ambas partes. Este documento obligatorio no solo previene problemas estructurales, sino que es la llave para acceder a ayudas públicas y revalorizar una propiedad en el mercado Su principal función, según Tardáguila, es “detectar deficiencias estructurales antes de que se conviertan en problemas graves”. Además, sirve para evaluar si el edificio necesita obras de accesibilidad y para conocer el nivel de eficiencia energética. En comunidades como Navarra, este informe es crucial, ya que “sin un informe favorable, no hay subvenciones de Gobierno de Navarra ni acceso a fondos europeos para la mejora energética”. En el día a día, las conclusiones del IEE pueden “obligar a acometer obras y condicionar futuras derramas en la comunidad”. Sin embargo, Tardáguila subraya que no todo es negativo, ya que también “puede mejorar el valor del inmueble”. En una región con inviernos exigentes y un gasto en calefacción elevado como Navarra, la parte energética del informe “puede marcar la diferencia entre un edificio ineficiente y otro competitivo en el mercado”. Para obtener el IEE, es necesario que un técnico competente —como un arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero habilitado— realice una inspección presencial del edificio. Durante esta visita, se analizan elementos como la fachada, la cubierta, la estructura, las instalaciones comunes y las condiciones de accesibilidad. Una vez redactado, el informe se presenta ante el ayuntamiento correspondiente. La evaluación de la eficiencia energética dentro del IEE se instrumenta a través del Certificado de Eficiencia Energética (CEE) del edificio. Este certificado, según detalla Tardáguila, estudia el consumo anual estimado, las emisiones de CO2, el tipo de sistema de calefacción y la calidad del aislamiento o envolvente térmica. El resultado es una calificación energética que va de la A (más eficiente) a la G (menos eficiente). No tramitar el Informe de Evaluación del Edificio cuando es preceptivo puede acarrear “sanciones administrativas por parte del ayuntamiento, la pérdida de acceso a ayudas públicas o dificultades para vender viviendas en edificios con inspecciones pendientes”. Más allá de la multa, Tardáguila advierte que “el verdadero problema es la pérdida de valor del inmueble”. Además, este documento es imprescindible para la renovación de la cédula de habitabilidad. Esta exigencia se refleja también en el comportamiento del mercado. “A día de hoy, el comprador pregunta por el estado del edificio y cada vez más exige garantías técnicas”, afirma la experta. En su opinión, “un edificio sin informe genera desconfianza”.