El reto político para 2026 no consiste en diseñar otra reforma vistosa, sino en tomar decisiones estructurales y sostenerlas en el tiempo. La educación en Costa Rica requiere una política de Estado que devuelva la confianza al docente, reduzca la burocracia asfixiante e integre la tecnología con verdadero criterio pedagógico, sin miedos ni entusiasmos vacíos.