El problema de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los andaluces, junto a la sanidad y el desempleo. Y no es para menos. Hoy por hoy, es prácticamente imposible acceder al mercado inmobiliario. Además, Andalucía es una de las comunidades autónomas donde el precio por metro cuadrado más se ha encarecido en términos generales. Así, se sitúa como la cuarta comunidad autónoma en este ránking, con un incremento interanual de un 15,2% respecto al año anterior y con 1.629 euros el metro cuadrado, de media, según los portales de vivienda. Unas condiciones que, junto a la precariedad existente en nuestra comunidad, en términos laborales y salariales, convierten el problema de la vivienda en uno de los principales puntos de acción de las administraciones públicas. En ese contexto, la Diputación de Sevilla se ha convertido en una referencia para el resto de organismos homólogos. Asi, la institución que dirige Javier Fernández ha lanzado un ambicioso plan, tanto local como provincial, para que Sevilla se convierta en los próximos años en una provincia -y ciudad- que dispone de capacidad seria y formal para afrontar este problema. Frente a dos administraciones públicas como Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía, cuyas políticas de vivienda están encaminadas al enriqueccimiento a costa del acceso a la vivienda, con VPOs que cuestan 300.000 euros o que pueden salir al mercado libre en siete años, o restringiendo el acceso a las mismas a personas con pocos recursos, la Diputación de Sevilla es un ejemplo de que la voluntad política puede poner solución a uno de los principales problemas que atraviesa no solo Sevilla, sino Andalucía y España. La hoja de ruta de la institución provincial busca devolver la esperanza a los ciudadanos y demostrar que la política puede ser útil, asentándose sobre cuatro ideas clave que confrontan directamente con las normativas autonómicas y locales actuales. La vivienda como primera necesidad La premisa de la que parte la Diputación es clara, contundente y hasta filosófica: "La vivienda no es un bien de lujo ni un activo financiero, es un bien de primera necesidad", tal y como lo ha expresado su presidente, Javier Fernández. Desde esta perspectiva, la administración pública no puede dejar el problema exclusivamente en manos de las fluctuaciones del libre mercado. Fernández utiliza un paralelismo bastante clarividente para explicarlo: "Igual que nadie pone en duda que los presupuestos del Estado, de la comunidad autónoma o de un ayuntamiento financien un colegio, financien un centro de salud o un polideportivo, hay que entender que para hacer política pública de vivienda hay que meter dinero público". Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla Frente a modelos que se limitan a ceder suelo a la iniciativa privada o a facilitar la venta libre de viviednas construidas sobre suelo público, la Diputación defiende intervenir directamente y poner el tema en la agenda de todos los alcaldes y alcaldesas. El mercado automovilístico, argumenta el presidente con una ilustrativa metáfora, funciona para quienes tienen recursos...