La medida cautelar que prohíbe a la periodista Sabrina Bacal publicar información sobre los hermanos Carretero Napolitano trasciende el ámbito de un conflicto entre particulares. Lo que está en juego no es únicamente el derecho de una periodista a ejercer su oficio, sino el derecho de la sociedad a recibir información sobre asuntos de evidente interés público. En una democracia, la libertad de expresión no protege solo al emisor del mensaje. También protege al ciudadano que necesita información para formarse un criterio sobre quienes ejercen poder o influencia económica y política. Por eso, la Constitución panameña prohíbe de forma categórica la censura previa: porque impedir que algo se publique equivale a cerrar la puerta al debate público antes de que este pueda siquiera comenzar. Las controversias sobre la honra o la reputación tienen vías legales para dirimirse, pero esas responsabilidades son siempre posteriores a la publicación. Cuando el Estado impide informar, el silencio no protege la democracia: la debilita.