La mayoría de las comunidades autónomas , muchas del PP, han pedido paralizar durante dos meses el anteproyecto que reduce las ratios en las aulas y mejora la jornada docente con el fin de analizar sus costes y su calendario de implantación. El Ministerio de Educación , por su parte, ha aceptado abrir un grupo de trabajo, pero ha dejado claro que la norma seguirá su hoja de ruta. "El anteproyecto de ley está en el ámbito del Consejo de Ministros , está en el ámbito ya de una previsible próxima tramitación parlamentaria y tiene que seguir su curso", ha señalado el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa , tras la reunión de la primera Conferencia Sectorial de Educación presidida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón . Una reunión que se ha prolongado durante más de tres horas y en la que las comunidades gobernadas por el PP y otras como la del País Vasco han pedido un "paréntesis" y consensuar el anteproyecto durante un plazo de dos meses antes de que sea aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. La mayoría de las comunidades han expresado la necesidad de conocer el coste real de la bajada de ratios en las aulas y de la reducción de la jornada docente, adaptándose a cada territorio, y han criticado que el anteproyecto solo se haya negociado con los sindicatos . "Un grupo de trabajo que no va a alterar, ni a parar , ni va a afectar en ningún caso la tramitación del anteproyecto no sirve para nada. Esto son lentejas, si quieres las comes, si no las dejas, pero desde luego las pagas", ha dicho la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades en la Comunidad de Madrid , Mercedes Zarzalejo (PP), a la salida de la reunión. Zarzalejo ha explicado que solo la reducción de jornada lectiva del docente va a suponer para Madrid en el 2026, 430 millones "que no tenemos en los presupuestos y no podemos asumirlo. "Por lo tanto yo le he pedido a la ministra que rectifique, que deje de asfixiarnos a las comunidades y en este caso a Madrid y que por favor nos deje trabajar. No hay razón para ahora presionarnos de está manera", ha añadido. También la consejera de Andalucía , María del Carmen Castillo (PP), ha pedido en la Conferencia Sectorial "retirar" el anteproyecto y se ha sumado a las voces de la mayoría de cuantificar económicamente las medidas. De la Rosa ha señalado a los medios de comunicación que el anteproyecto " no tendrá un impacto económico sustancialmente oneroso para las comunidades autónomas, justamente porque el mapa que ya tenemos de ratio y de horario". "Eso no quiere decir que el grupo de trabajo no siga trabajando efectivamente para aportar, para mejorar, para matizar y converger y aportar sus conclusiones a la tramitación de este expediente. Pero evidentemente el proyecto debe seguir adelante y tiene su hoja de ruta", ha reiterado el secretario de Estado de Educación. La ministra, por su parte, ha insistido en que "la educación es una política que siempre requiere diálogo permanente y cooperación institucional" y ha avanzado antes del encuentro que el Gobierno será "flexible en lo que se pueda aportar en la tramitación parlamentaria". El anteproyecto ha recibido el informe favorable del Consejo Escolar del Estado (CEE) y contemplan bajar el máximo de alumnos por aula hasta los 22 en infantil y primaria y hasta 25 en secundaria, frente a los 25 y 30, respectivamente. La norma establece que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) cuente como doble plaza y que se aplique el próximo curso 2026/2027, así como una rebaja de las horas docentes hasta un máximo de 23 horas semanales en primaria y de 18 horas en secundaria. Precisamente el calendario de aplicación ha sido una de las principales preocupaciones de los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas. En el curso 2027/2028 entrarían en vigor las ratios para infantil y primaria y el alumnado NEEs; en 2028/2029, las de secundaria, y en 2029/2030, la de bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032 .