Francia abandona su cruzada contra las familias que eligen un nombre con 'ñ'

Francia ha abandonado esta semana una de esas rigideces administrativas tan características de un Estado centralista y que a veces peca de chovinista. El Ministerio de Justicia galo ha anunciado que dejará de entorpecer a aquellos padres que quieran llamar a su hijo o hija con un nombre que lleve la letra ñ . Puede parecer una historia más bien propia del mundo de la sátira, pero la realidad es que hasta ahora estaba prohibido en el registro civil galo inscribir a un descendiente que se llamara Iñaki, Fañch (significa François en bretón) o cualquier otro nombre con esa letra, que parecía radioactiva para las autoridades del país vecino. Según el código civil de Francia, «los padres y madres eligen libremente los nombres de sus hijos». Pero al mismo tiempo el registro civil prohíbe que escojan una palabra con la letra ñ. Esa decisión se vio reforzada por una circular del Ministerio del Interior de 2014 —durante la presidencia del socialista François Hollande— que recopilaba los distintos acentos y letras autorizados, pero no mencionaba la «ñ». Esta incongruencia ha motivado en la última década numerosos dosieres judiciales que hicieron correr ríos de tinta en la prensa regional, sobre todo en Bretaña y en el País Vasco francés. Uno de los casos más mediáticos fue el del pequeño Fañch, nacido en 2017 en la localidad bretona de Rosporden. Aunque sus padres querían llamarlo con ese nombre típico de la cultura local, el registro civil les denegó primero esa opción y luego un tribunal de su ciudad validó esa decisión. En el otoño de 2018, sin embargo, el Tribunal de Apelación de Rennes dio la razón a la familia y la autorizó a utilizar la letra prohibida, «porque no vulnera los principios de redacción de los documentos públicos en francés». No obstante, la Fiscalía recurrió esa sentencia y el caso no se resolvió hasta un año después. El equivalente galo del Tribunal Supremo se pronunció finalmente en favor de la familia, pero no tomó su decisión basándose en el fondo del caso, sino por un error técnico. Una historia parecida e igual de kafkiana se reprodujo en febrero del año pasado en Lorient (noroeste). Aunque el registro civil permitió primero a unos padres inscribir a su hijo como Fañch , el Ministerio Público —en el caso de Francia depende directamente del Gobierno— exigió que lo cambiaran. Una corte de esa localidad dio al final la razón a la familia, porque la «ñ» «no es contraria a los intereses del niño ni de la lengua francesa». En el País Vasco francés se han producido casos parecidos con el nombre Iñaki. Además, familias con raíces españolas suelen encontrarse con dificultades para conservar la «ñ» en sus apellidos, como Ibáñez o Núñez . El diario local 'Sud-Ouest' informaba del caso reciente de Emmanuelle Ibañez. Esa ciudadana de Bayona tuvo que batallar judicialmente varios meses para que su hijo conservara el mismo apellido sin que le amputaran una letra. Además de aumentar las pilas de dosieres que gestionan los magistrados de un sistema judicial casi saturado, estas discrepancias por el uso de una letra han alimentado ciertas tensiones políticas. El alcalde de Brest, el socialista François Cuillandre, envió a finales de enero una carta al ministro de Justicia, Gérald Darmanin, en aras de buscar una solución. Le pedía que acabara con la política de las distintas fiscalías que se oponían a esos nombres, porque «este asunto no amenaza para nada la República ni la seguridad de los franceses». «Tenemos que encontrar una solución aceptable para todos, que respete la voluntad de los padres respecto a sus hijos de manera homogénea en todo el territorio nacional», añadía. Tras años de controversia, el Gobierno francés ha apostado finalmente por un poco de sentido común. El Ministerio de Justicia envió una circular en que pedía a los fiscales que dejen de impedir a las familias que escojan nombres con esa letra. Aseguró haber tomado esa decisión para «respetar las elecciones individuales» y «dejar de obstruir inútilmente las jurisdicciones». Es una de las pocas medidas respetuosas con las lenguas regionales o minoritarias (bretón, vasco, catalán, corso, alsaciano…) que toma un país mucho más centralista y menos tolerante con esos idiomas que España.