El Gobierno ha aplicado al envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre la máxima anunciada por Pedro Sánchez de que gobernaría «sin el Parlamento». De nuevo, lo ha hecho. En el Ejecutivo se están enredando con la manera de calificar la decisión de que la fragata acompañe al portaviones francés Charles de Gaulle en funciones de vigilancia y defensa. En principio, ambos buques iban a realizar maniobras en el Báltico, como miembros de la OTAN. Lo que el Gobierno no ha explicado es el marco normativo de la decisión de que la Cristóbal Colón escolte al portaviones galo para darle cobertura aérea. El Gobierno defiende que es una iniciativa europea que no necesita autorización parlamentaria, aunque no se conoce la institución que ha instado la participación de España. También la ha explicado como una operación bilateral con Francia, lo que cambia radicalmente el enfoque de la misión; y, finalmente, cual cajón de sastre, como una operación de solidaridad. No parece que nuestra fragata esté camino de Chipre en virtud de un tratado internacional, sino de la decisión política del Gobierno de dar cobertura al Charles de Gaulle y así quitarle borrones a la imagen de España como un aliado al menos inestable. Lejos quedan los compromisos de Zapatero de que solo se enviarían tropas al exterior con el visto bueno del Congreso, argumento contra la participación de España en la posguerra de Irak en 2003. Sin obligación impuesta por un tratado internacional, la Ley Orgánica de Defensa Nacional, de 2005, exige la autorización previa del Congreso para que las Fuerzas Armadas participen en misiones en el extranjero, y solo exime al Gobierno de pedirla cuando esas misiones «estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional». Una de dos: o no estamos en guerra, y por tanto no hay nada de qué proteger a España o al interés nacional, aún menos en Chipre; o el Gobierno vende como una operación seráfica lo que es una participación en toda regla, aun defensiva, en un conflicto armado. Sánchez decide por sí y ante sí qué debe hacer una fragata española, reviviendo al Rey Sol y su «El Estado soy yo». Al margen de la discusión jurídica, la decisión del Gobierno es políticamente inaceptable, porque demuestra que el enfrentamiento de Sánchez con Estados Unidos se basa en una dramatización partidista. Si tanto le preocupa el papel pacifista de España, lo lógico, incluso en su propio beneficio, sería que buscara el respaldo del Congreso. Pero no lo va a hacer, porque se expone al reproche de sus socios de izquierda –inmersos en un silencio sumiso– o, peor aún, a que el PP acabe votando a favor del envío de la fragata. La propaganda de La Moncloa busca emparejar políticamente a Sánchez con Giorgia Meloni , pero lo que ha hecho la primera ministra italiana es dar solidez política a su negativa a prestar bases para el ataque a Irán comprometiéndose a pedir la autorización del Parlamento en caso de que Estados Unidos solicite utilizarlas. Sánchez carece de un proyecto de defensa militar, sea con Europa, sea con la OTAN, juega con los sentimientos ciudadanos y manipula los intereses nacionales, aunque bajo cuerda esté aumentando el gasto militar y dando cobertura a la misma guerra contra la que agita su pancarta.