La sanidad ha sido el punto débil de una legislatura de Moreno Bonilla que ha estado marcada por las críticas a la privatización de los servicios públicos fundamentales, siguiendo el modelo del PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso. El candidato a la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha advertido que Madrid es el futuro de Andalucía, en el sentido de que Moreno Bonilla tan solo va cuatro años en desventaja con la lideresa madrileña. Las universidades, las asociaciones educativas o los bomberos forestales son solo algunos de los sectores que se han manifestado contra esta gestión, cuyo máximo exponente se encuentra en la sanidad. La sanidad ha sido, sin lugar a dudas, el punto por el que Moreno Bonilla y el PP han recibido más críticas en Andalucía. El fallo en los cribados del cáncer de mama es el epítome de una gestión que ha derivado a la sanidad privada desde que gobierna el dirigente malagueño más de 4.600 millones de euros. El hospital Clínico de Málaga, precisamente, ha sido noticia estos últimos días por culpa del hacinamiento de pacientes en las salas de urgencias, por la falta de camas y de personal para ser atendidos. El diagnóstico del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, es que es una época en la que la gente enferma más. Estos datos, que han provocado que la sanidad se haya posicionado como el problema que más preocupa a los andaluces, a juzgar por el último barómetro del Centra, originó que asociaciones civiles, sindicatos y colectivos sanitarios reunieran fuerzas en forma de firmas el pasado septiembre para tramitar en el Parlamento andaluz una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para mejorar los niveles de calidad en los que se encuentra la sanidad pública andaluza. Principalmente, señalaba el texto, desde 2019, año en el que comenzó a Gobernar la coalición de PP y Ciudadanos, con el apoyo parlamentario de Vox. El documento, respaldado por 57.509 personas, lo que buscaba era una modificación de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía para poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la Administración sobre la Sanidad Pública, potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos y, por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado. Para ello, exigía una mayor participación ciudadana en la gestión, un mayor control democrático "de sentido común" y, en tercer lugar, saber de dónde se saca ese dinero para desviar a la sanidad privada. La ILP recorrió todos los trámites parlamentarios establecidos en la legislación y acabó debatiendose como una Proposición de Ley en el Parlamento andaluz. Dejar 'morir' la ILP Desde Marea Blanca, la plataforma que ha liderado la presentación de la iniciativa en el Parlamento y que es una de las organizaciones más activas en la lucha por una sanidad pública en Andalucía, temen que la iniciativa...