El 8 de marzo no es una fecha simbólica más. Es una línea roja democrática. Es el día en que las mujeres recuerdan que votar, trabajar sin permiso, divorciarse, abrir una cuenta bancaria o denunciar una agresión fueron, no hace tanto, derechos inexistentes. Y es también el día en que se mide el compromiso real de un país con la igualdad. Por eso la pregunta es política y urgente: ¿qué pasaría con el 8M y con las políticas de igualdad si Feijóo y Abascal gobernaran España? No hablamos de miedo abstracto. Hablamos de decisiones concretas que ya se están tomando allí donde Partido Popular y Vox gobiernan juntos o donde el PP ha ido asumiendo parte del marco ideológico de la ultraderecha. El retroceso no suele llegar con un decreto que lo deroga todo. Llega suavemente: cambiando palabras, reduciendo presupuestos, desactivando organismos, relativizando la violencia machista. El 8M no desaparecería. Pero podría dejar de significar lo que hoy significa. Vox ha planteado de forma reiterada la derogación de la ley integral contra la violencia de género. Su propuesta es sustituirla por una ley de "violencia intrafamiliar". No es un detalle semántico. Es un giro político profundo. Supone negar que existe una violencia estructural que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Supone borrar el consenso social construido durante décadas. Y supone desactivar herramientas específicas de protección. También propone eliminar ministerios y consejerías de Igualdad, suprimir subvenciones a asociaciones feministas y revisar programas educativos vinculados a la igualdad. El discurso es conocido: todo lo que huela a feminismo institucional es presentado como "ideología". El problema no es solo lo que Vox dice. Es lo que el PP está dispuesto a aceptar. El caso de María Guardiola en Extremadura es paradigmático. Antes de las elecciones aseguró que no gobernaría con Vox porque negaba la violencia machista. Después llegó a decir que el feminismo que defiende "es el mismo que el de Vox". Su línea roja se convirtió en negociable. Y cuando una línea roja cae, el mensaje es claro: los derechos de las mujeres son moneda de cambio por conseguir el poder. En Castilla y León, el gobierno de coalición PP-Vox intentó imponer la obligación de ofrecer a las mujeres que querían abortar una ecografía con latido fetal y apoyo "alternativo". Aquella propuesta no era neutra. Introducía presión institucional en una decisión íntima y legal. Solo la reacción social y la intervención del Ejecutivo central frenaron la medida. Pero el intento marcó una dirección. En la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo conjunto ha eliminado referencias explícitas a la violencia machista en documentos oficiales y ha reducido el peso simbólico de las políticas de igualdad. Cambiar el lenguaje es cambiar el marco. Si no se nombra la violencia machista, se diluye su raíz estructural. En la Comunidad de Madrid, Ayuso ha confrontado abiertamente con el movimiento feminista en varias ocasiones. Ha reducido el tono reivindicativo del 8M y ha enmarcado muchas políticas bajo el paraguas de una "libertad" que evita hablar de desigualdad...