Casi cualquiera que haya alquilado un piso recientemente sabe lo que son los honorarios de agencia. Esta tasa, que se declaró ilegal en mayo de 2023 , cuando entró en vigor la ley de vivienda, hacía recaer sobre el inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. La nueva regulación entendía que el servicio de la agencia se le prestaba al casero y no al inquilino, por lo que quien debía abonarla era el primero y no los segundos. Sin embargo, asociaciones de consumidores e incluso el propio Ministerio de Consumo han detectado que esta comisión se sigue aplicando de manera ilegal o que ha cambiado de nombre para esquivar la ley. "Después de tres años seguimos viendo muchos casos de personas a las que se les demandan gastos de agencia", apunta Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. "Hay una asimetría y una urgencia en el mercado que hacen que la gente, cuando necesita una casa, muchas veces termine aceptando condiciones abusivas o ilegales para no perderla", señala. " Esta presión es la que hace que se normalice algo que es ilegal y es la baza que juegan las agencias que incumplen la ley", concluye el portavoz. Este lunes, la asociación de consumidores Facua denunciaba ante la Dirección General de Consumo de Canarias a una inmobiliaria por ejercer, supuestamente, estas prácticas abusivas. La causa: “Obligar a los usuarios interesados en visitar una vivienda en alquiler a cumplimentar y firmar dos documentos donde les pide abonar una comisión en concepto de «servicios de atención al inquilino (búsqueda activa, desplazamiento y otros)» y por el «acceso a información exclusiva y especializada» ", señala la asociación. Este servicio que se cobra aparte es, según Facua, una comisión ilegal, pues entienden que no se puede considerar un servicio de búsqueda activa la mera publicación de un anuncio de alquiler y que “no hay ningún servicio extra donde la empresa lleve a cabo una búsqueda personalizada en base a ciertas peticiones o características”, ya que es el interesado el que llama a la inmobiliaria tras ver el anuncio. Los inquilinos llevan tiempo denunciando estas situaciones, pero en muchos casos la necesidad de encontrar un techo pesa más y, aunque la tasa sea ilegal, la terminan pagando. Los precios desbocados del mercado y la imposibilidad de muchos salarios de acceder a la compra dejan atrás los presupuestos de las familias, y en este caldo de cultivo las prácticas abusivas son más fáciles de imponer. “No me quería quedar sin el piso” , explicaba meses atrás una afectada a infoLibre . Ella había abonado 200 euros en metálico a la agencia justo antes de firmar el contrato de su nuevo piso, cuando ya no estaban presentes los propietarios de la casa. “Es de estas cosas que sabes que son ilegales, pero no me quería quedar sin el piso”, puntualizaba. La persistencia de esta práctica se explica por la vulnerabilidad de quienes alquilan, pero también por la dificultad de demostrar que esta tasa se corresponde con un servicio al casero y no al usuario. Si a esto se suma la ausencia de controles, el margen de impunidad se ensancha. "Lo que hemos visto en nuestras asambleas es que se camuflan estos cobros. En vez de llamarles honorarios, se rebautizan como servicios integrales o de atención al inquilino, como estudios de viabilidad o directamente como servicios. Pero ninguno de ellos es libremente rechazable , por lo que son un rodeo para cobrar lo mismo", protesta el portavoz del Sindicato de Inquilinas. "Nosotros no hemos tenido constancia de que existan controles de inspección o campañas de oficio por parte de las comunidades autónomas", explica el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien también apunta que la mayoría de las inspecciones llevadas a cabo han partido de denuncias de usuarios o de asociaciones como la suya. Para Sánchez, el papel de las instituciones regionales debería ser más activo a la hora de perseguir esta práctica. "Las comunidades autónomas son las que pueden actuar contra las inmobiliarias porque la mayoría de ellas tiene ámbitos de funcionamiento local, provincial o autonómico, y hay pocas que funcionen en todo el territorio nacional", concluye. Desde Facua insisten en que las sanciones deberían ser más amplias. "Hay comunidades que ni nos contestan y de algunas que lo han hecho nos han llegado respuestas en las que el expediente sancionador equivale al importe de un fraude" , concluye el secretario general. Es decir, si al inquilino le han defraudado un mes de cuota, por ejemplo mil euros, les obligan a abonar el equivalente a modo de sanción. A nivel gubernamental tampoco se contemplan actuaciones específicas para investigar esta práctica, pero desde el Ministerio de Vivienda señalan que ya existe una prohibición legal al respecto. "El fraude les sale extraordinariamente barato", protesta Sánchez. Y es que, en general, la gente no denuncia, porque además de arriesgarse a tener que volver a buscar piso, entrar en un proceso judicial no está al alcance de todo el mundo. "Una denuncia pone la carga de la prueba sobre el inquilino, implica recabar pruebas, reclamar en Consumo e incluso ir a juicio, y no todo el mundo puede asumir ese nivel de desgaste ", apunta Pérez. En las asambleas del sindicato han visto muchos casos de este tipo y por eso, apunta, las Administraciones deberían poner en marcha labores de inspección que hiciesen esta carga más compartida. "Desde el sindicato creemos que no basta con que sea ilegal en el BOE, sino que necesitamos una inspección activa, sanciones ejemplarizantes y mecanismos rápidos para recuperar el dinero", concluye. El caso más sonoro y la multa más alta que se ha puesto hasta la fecha en relación con los abusos en este tipo de tasas la recibió la compañía Alquiler Seguro por parte del Ministerio de Consumo. El departamento que dirige Pablo Bustinduy impuso una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa por vulnerar supuestamente los derechos de los consumidores. Contratar un servicio de atención al inquilino obligatorio, obligar a que el arrendatario presente un estudio de solvencia o a contratar seguros de hogar son algunas de las prácticas que Consumo penalizaba en siete multas que, conjuntamente, superaban los seis millones. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, conscientes de la problemática y de la vulnerabilidad de los arrendatarios, han lanzado una guía de recomendaciones para responder a esta situación sin quedarse en la calle. "Como sabemos que se hace difícil negociar cuando queremos alquilar un piso y la inmobiliaria nos recuerda continuamente que hay una gran lista de gente dispuesta a aceptarlo, podemos llegar a plantearnos la posibilidad de firmar y reclamar después ", apuntan. Lo importante en estos casos es lograr pruebas y por eso recomiendan pagar por transferencia poniendo en el concepto que se trata de gastos de gestión. Además, se debe solicitar una factura con IVA y guardar tanto las conversaciones como los pantallazos del portal web para dejar claro que la búsqueda ha corrido a cargo del inquilino, sin asesoramiento de la agencia. Eso cuando pueden recabarse evidencias de estas malas prácticas, algo infrecuente dado que las inmobiliarias son conscientes de a lo que se exponen y buscan subterfugios precisamente para evitarse problemas futuros.