Una decisión que en principio parecía práctica y sencilla se ha transformado en un problema legal y económico de dimensiones inesperadas para una ciudadana residente en la Comunidad de Madrid. La retirada total del dinero de las cuentas bancarias de su hermana, poco antes del fallecimiento de esta, ha derivado en una reclamación de más de 26.000 euros por parte de la administración tributaria española.