La Ley de Propiedad Horizontal establece las obligaciones económicas de los propietarios frente a su comunidad de vecinos mediante el artículo 23, que fija los criterios precisos para calcular las cuotas que cada residente debe aportar para el mantenimiento de los elementos comunes del inmueble. Esta normativa no solo determina cómo se calculan estas contribuciones, sino que también contempla los mecanismos legales para exigir su pago cuando un propietario incumple sus obligaciones, proporcionando seguridad jurídica a las comunidades y delimitando claramente las responsabilidades económicas de cada vecino.