El Partido Popular ha revalidado su posición como la fuerza más votada en las elecciones de Castilla y León, obteniendo 33 procuradores, dos más que en la anterior legislatura, y el 35,45 % de los sufragios. Sin embargo, para gobernar, el PP dependerá de nuevo de Vox, que ha experimentado un crecimiento contenido al sumar solo un procurador más, alcanzando los 14 parlamentarios. Por su parte, el PSOE también ha salido reforzado de la contienda electoral, creciendo hasta los 30 escaños, dos más de los que tenía. La jornada electoral ha contado con una participación que ha ascendido hasta el 65,6 por ciento, casi siete puntos por encima de la registrada en 2022. Se confirma un escenario donde el PP, aunque ganador, no tiene mayoría absoluta. Con este resultado, Mañueco asume la responsabilidad de formar gobierno y se posiciona con fuerza para la negociación que comenzará el 16 de marzo. El líder popular ha planteado una nueva etapa de diálogo, acuerdo y pacto, aunque ha dejado claro que el diálogo se abrirá a todas las formaciones, pero el pacto se reserva exclusivamente a Vox, descartando por completo al Partido Socialista. De esta manera, se consolida el llamado bloque de derechas en la comunidad. El Partido Popular recuerda la experiencia de 2022, cuando pactó con Vox un gobierno que la formación de Abascal abandonó a mitad de legislatura por orden de su dirección nacional. Por ello, y con la fuerza que le otorgan los electores tras el domingo 15 de marzo, el PP exige ahora un pacto para los cuatro años de legislatura. Mañueco afronta la negociación con firmeza, consciente de que el Partido Popular tiene la última palabra para iniciar el proceso, reforzando así su liderazgo en una etapa que será clave para Castilla y León. La candidatura del PP, liderada por Alfonso Fernández Mañueco, ha conseguido un aumento de 4 puntos porcentuales y cerca de 35.000 votos más que en las últimas elecciones. Esto le ha permitido abrir una brecha de 4,5 puntos sobre el PSOE de Carlos Martínez, que también ha subido en porcentaje de voto hasta el 30,81 % y ha sumado unos 6.000 votos adicionales respecto a 2022. Este fortalecimiento de los dos grandes partidos, que juntos suman 63 de los 82 escaños de las Cortes de Castilla y León, ha supuesto un retroceso para otras fuerzas. Entre los perjudicados se encuentran Soria Ya, que pierde dos de sus tres procuradores, y Ciudadanos, que desaparece del arco parlamentario. En el caso de Vox, a pesar de haber aumentado tanto en porcentaje de voto como en número de sufragios, los resultados se han quedado por debajo de las expectativas generadas. La formación no ha logrado alcanzar el umbral del 20 por ciento que algunas encuestas le pronosticaban. La candidatura encabezada por Carlos Pollán se ha quedado en el 18,90 por ciento de los votos, con algo más de 230.000 apoyos, frente a los 214.000 de hace cuatro años. Este resultado representa un incremento de 1,27 puntos, insuficiente para ser decisivo de la manera que aspiraban. A la izquierda del PSOE, ninguna de las formaciones que concurrían por separado, como En Común (IU-Sumar-Equo) y Podemos-Alianza Verde, ha conseguido obtener representación parlamentaria. En cuanto a las formaciones regionalistas, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha mantenido los 3 escaños que ya poseía. Por su parte, Soria Ya ha visto reducida su presencia a un solo procurador, mientras que Por Ávila ha logrado conservar el escaño que tenía. Este nuevo reparto de fuerzas provocará cambios en la estructura del Parlamento autonómico. El grupo parlamentario que anteriormente compartían UPL y Soria Ya se disolverá, y sus miembros pasarán a integrarse en el Grupo Mixto junto a los representantes de Por Ávila y el procurador restante de Soria Ya.