Las tarjetas revolving se han comercializado durante años de forma muy agresiva, generando miles de reclamaciones. Como explica en COPE Euskadi el abogado Xabier Bilbao, de San José Abogados, aunque parecen cómodas por sus cuotas bajas, en realidad esconden intereses muy elevados, superiores al 25 %, que provocan un efecto "bola de nieve". Esto convierte la deuda en algo muy difícil de saldar, dejando al cliente "cautivo" de la entidad bancaria. La agresividad de su venta es una de las claves. Según el letrado, a menudo se ofrecen fuera de oficinas bancarias, en lugares como centros comerciales o aeropuertos, y a perfiles con dificultades económicas. Esta estrategia busca captar clientes que no pueden acceder a préstamos tradicionales, pero que en ese momento no son conscientes de los enormes tipos de interés que se les aplicarán. La justicia ha ido acotando el problema en varias sentencias. En 2020, el Tribunal Supremo aplicó la Ley de Usura de 1908 para anular un contrato con un interés superior al 26 % por considerarlo notoriamente elevado. Sin embargo, este concepto era ambiguo. En 2023, el mismo tribunal precisó que un interés es abusivo si supera en seis puntos porcentuales la media de operaciones similares, una solución que dejó fuera a muchos afectados. Una sentencia muy reciente ha cambiado el enfoque. Ahora, lo más importante no es la usura, sino la transparencia en la comercialización. Los bancos deben demostrar que realizaron un estudio de solvencia previo y que informaron al cliente con antelación de las características y los posibles escenarios del producto. El objetivo es asegurar que el cliente contrató con pleno conocimiento. Según Bilbao, la mayoría de entidades no pueden acreditar que cumplieron con estos requisitos de transparencia. "Como mayoritariamente este producto se ha vendido sin dar esa información, la mayoría de las personas que lo tengan van a poder solicitar la nulidad de la tarjeta, porque cuando vayan al juzgado y lo reclamen, el banco no va a poder acreditar que lo ha comercializado bien", asegura. Para iniciar una reclamación, el consumidor solo necesita recabar la documentación del contrato y los recibos pagados y acudir a un despacho de abogados especializado. El bufete se encargará de negociar con el banco y, si es necesario, llevar el caso a los tribunales. Es un procedimiento cómodo en el que el cliente apenas tiene que intervenir, más allá de otorgar un poder al procurador. La cantidad a recuperar es muy variable, ya que depende del gasto realizado, el tipo de interés y el tiempo que se ha tenido la tarjeta. El banco está obligado a devolver todos los intereses cobrados de más y otros gastos asociados, como seguros. Xabier Bilbao confirma que la horquilla es muy amplia: "Hemos tenido asuntos de 2000 euros y hemos tenido asuntos que superan ampliamente los 20.000".