El debate sobre si España hace bien en no mandar tropas al Estrecho de Ormuz ya no pertenece solo al terreno de la diplomacia o de la estrategia militar. Ha saltado de golpe al centro de la conversación política europea. Y lo ha hecho, además, con un elemento que lo envenena todo un poco más: la presión de Donald Trump sobre sus socios de la OTAN para que asuman parte de las consecuencias de la crisis abierta en torno a Irán y a una de las rutas marítimas más sensibles del planeta. No se trata de un punto cualquiera del mapa. Por el Estrecho de Ormuz pasa una parte decisiva del petróleo que se mueve en el mundo. Cada amenaza sobre ese paso tiene efectos inmediatos sobre los mercados, sobre el precio de la energía, sobre la inflación y, al final, sobre la vida cotidiana de millones de personas. Ahí está el punto de partida. Pero el debate no termina ahí. Porque una cosa es reconocer la importancia estratégica del enclave y otra, bastante distinta, aceptar que la respuesta deba ser una implicación militar mayor de los países europeos. En las últimas horas, esa posibilidad ha cobrado fuerza en Bruselas. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha abierto la puerta a estudiar fórmulas para mantener abierto el estrecho, incluso mediante una iniciativa internacional o una adaptación de la operación Aspides, la misión europea lanzada en 2024 para proteger la navegación comercial en el mar Rojo frente a los ataques de los hutíes de Yemen. El movimiento no es menor. Tampoco inocente. Supone asumir, al menos como hipótesis, que la UE podría dar un paso más en una región ya incendiada y hacerlo, además, bajo una presión atlántica cada vez menos disimulada. Ahí aparece Trump. El presidente estadounidense ha elevado el tono y ha deslizado amenazas políticas hacia los aliados europeos si no colaboran en la crisis de Ormuz. Su mensaje, formulado en términos de utilidad estratégica y de reparto de cargas, vuelve a colocar sobre la mesa una vieja discusión: hasta qué punto Europa actúa por convicción propia y hasta qué punto termina moviéndose al ritmo que marca Washington. Esa duda recorre desde hace años la política exterior comunitaria. Ahora regresa con toda su crudeza, en mitad de una escalada que mezcla petróleo, seguridad marítima, tensión militar y pulsos de poder entre bloques. Frente a esa posibilidad, España ha querido desmarcarse. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dejado claro que el Gobierno no contempla enviar tropas ni modificar el actual mandato de Aspides. La posición española pasa por insistir en la desescalada, por rechazar cualquier decisión que pueda añadir más tensión en la zona y por defender que la salida solo puede ser diplomática. Es una postura que conecta con una tradición bastante asentada en la política exterior española: prudencia ante aventuras militares de recorrido incierto y preferencia por marcos multilaterales limitados, especialmente cuando el riesgo de verse arrastrado a una...