El Ayuntamiento de Lorca ha lanzado un ultimátum de diez días a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para que proceda al derribo o tapiado de seis  infraestructuras hidráulicas de su propiedad. Estas instalaciones están siendo ocupadas desde hace años de forma ilegal como viviendas y sus moradores viven en condiciones infrahumanas sin ningún tipo de servicio. Están ubicadas  la pedanía de Marchena, junto al río Guadalentín y son construcciones de pequeño tamaño cuya función original era albergar los mecanismos de las compuertas de riego. Ahora están  fuera de servicio y según vecinos del entorno son usadas como residencia habitual  por un número indeterminado y fluctuante de personas desde el año 2021, a pesar de carecer de los servicios básicos. Un informe del arquitecto municipal ha constatado que la zona presenta una gran acumulación de basura y escombros, lo que genera graves problemas de insalubridad que afectan tanto a los ocupantes como al entorno medioambiental. Además, el informe advierte del peligro que supone la ubicación de estas edificaciones en una zona inundable ante posibles riadas. La concejala de Padrón, Belén Pérez, ha subrayado la determinación del consistorio para atajar esta situación. "Vamos a dar los pasos que haya que dar, actuando para salvaguardar la dignidad y salud de las personas; y que no vivan en situaciones que hoy día no se pueden permitir", ha declarado. El consistorio ya había solicitado a la CHS que tomara medidas en noviembre del año pasado, sin obtener respuesta. Ahora, si la orden no se cumple en el plazo establecido, el Ayuntamiento intervendrá de oficio para revertir la situación, asumiendo un coste estimado de 6.000 euros que luego repercutirá al organismo de cuenca. La advertencia es clara, en palabras de la concejala: "Si ellos no lo hacen, lo haremos nosotros".