El juicio por la muerte de un hombre durante una reyerta en el barrio de El Torrejón de Huelva capital el 16 de septiembre de 2020 ha comenzado con un choque frontal entre las partes. La familia del fallecido pide 25 años de cárcel por asesinato para los once acusados, mientras que las defensas reclaman la libre absolución alegando falta de pruebas. La segunda jornada del juicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha estado marcada por este enfrentamiento de narrativas. Guillem Ventura, abogado de la acusación particular que representa a la madre y los hermanos de la víctima, ha explicado que solicita "asesinato para todos los procesados" con las agravantes de "alevosía y ensañamiento". Entienden que hubo "una colaboración y autoría conjunta", y ha afirmado que "sin un plan preconcebido de todas las partes no se llega hasta el resultado del fallecimiento de la víctima". Por ello, elevan la petición a 25 años de cárcel, una pena superior a la que solicita el Ministerio Fiscal para solo una parte de los procesados. Según la acusación, el origen de la reyerta fue "un tema de unas goteras" y "un problema de convivencia" que fue escalando. Sostienen que previamente ya hubo un "aviso de amenazas personales y telefónicas" por parte de los acusados hacia la víctima y su familia. El abogado también ha lamentado que los procesados "no estuvieran en prisión preventiva" durante estos años. Por su parte, las defensas han solicitado la absolución de los acusados. El letrado Eduardo Montaño ha calificado el caso como "la historia de un fracaso de una investigación judicial y policial", al no poder haber once acusados por una muerte causada por "una única apuñalada". "Traer aquí a un jurado para que averigüe lo que no ha sido capaz de averiguar ni la policía ni la instrucción judicial, pues en este momento es un juicio que no tiene sentido", ha sentenciado. En la misma línea, el abogado Fernando Retamar ha subrayado que se juzga a once personas "como si fueran todos autores" cuando solo hay un hecho determinante. Ha descrito lo ocurrido como "una riña tumultuaria, mutuamente aceptada desde el principio" y ha asegurado que fue el fallecido quien "arremetió contra la familia de mi patrocinado (...) con un cuchillo de grandes dimensiones". Esta versión contradice el móvil de las goteras y apunta a que la causa fue que el fallecido estaba acosando a la hija menor de uno de los acusados. Antonio Revuelta, abogado de otros cuatro procesados, ha insistido en la absolución porque "no hay absolutamente ni una sola prueba directa de qué persona fue la que dio esa puñalada desgraciadamente mortal". Además, ha calificado las declaraciones de los familiares de la víctima como "absolutamente inconsistentes, incongruentes y contradictorias", motivo por el que, según él, los acusados han permanecido en libertad. Uno de los puntos clave del proceso es la polémica por la constitución del jurado popular. El juicio ya tuvo que ser aplazado porque no había candidatos suficientes y finalmente se ha constituido con 18 personas en lugar de las 20 que exige la ley. Las defensas han planteado una protesta al entender que el jurado "no está bien constituido", lo que podría suponer una vulneración de derechos fundamentales y la nulidad del juicio. La acusación admite que "puede ser un peligro", pero se muestra dispuesta a seguir adelante.