Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Lugo el juicio contra un profesor de música acusado de abusar de cinco de sus alumnas de Primaria en el colegio de Albeiros -en la zona norte de la capital lucense-. En la sesión de apertura, el docente ha sido el primero en declarar y ha negado los hechos, atribuyendo la situación a la creación de “una fabulación colectiva” por parte de las menores. El acusado, de 49 años, ha explicado que inicialmente no encontró “explicación” a las denuncias, que lo llevaron a pasar más de cinco meses en prisión preventiva. Con el tiempo, ha afirmado haber llegado a la conclusión de que todo se debe a una “percepción que no se corresponde con la realidad” por parte de las niñas, quienes “se retroalimentaron entre ellas” con la influencia de “los padres", que también "se retroalimentaron a través de los grupos de Whatsapp”. El profesor ha asegurado de forma rotunda que nunca tocó a ninguna alumna por debajo de la ropa y ha insistido: “Nunca he tocado a ningún niño con connotaciones sexuales”. Aunque ha reconocido que “es posible” algún contacto físico, porque los alumnos estaban “todo el tiempo en movimiento” en sus clases de música, ha añadido que no es su costumbre: “Soy bastante escrupuloso” con eso. A su juicio, las menores “se han retroalimentado y han creado una fabulación colectiva”. El caso, destapado en mayo de 2024, presenta una notable diferencia en cuanto a la interpretación de los hechos por las partes. El ministerio fiscal solo formula acusación por una de las supuestas víctimas, dado que se basa en el informe del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), que únicamente dio credibilidad a ese testimonio. Por este motivo, el fiscal pide para el acusado cinco años y seis meses de cárcel y una indemnización de 2.500 euros. En cambio, la acusación particular, que representa a las familias de las cinco menores, eleva la petición de pena a seis años de cárcel por cada una, lo que suma un total de treinta años de reclusión. Asimismo, solicita una indemnización de 6.000 euros para cada una de las presuntas víctimas. La letrada Paula Salvador, que representa a tres de las familias, ha recordado antes del juicio que la “credibilidad” de las denunciantes debe ser evaluada por la “Sala”. Ha subrayado que el informe pericial “puede auxiliar, pero la decisión la tiene que tomar" el tribunal, y ha destacado que las declaraciones de víctimas y testigos “son coincidentes”. Por su parte, la abogada Sandra Regueira ha confesado que “las familias lo han pasado muy mal” pero han llegado a juicio “para que se haga justicia”. Por ello, ha sido tajante sobre el proceso: “No vamos a llegar a ningún acuerdo, vamos a intentar que todas las niñas sean, en cierta medida, resarcidas”. Para las familias, que un informe cuestione el testimonio de una niña es “un mazazo, es una decepción, y por eso estamos aquí”, dijo la letrada que representa en el juicio a otra de las niñas denunciantes. Finalmente, el abogado de la defensa, Juan Carlos Fernández López-Abad, ha precisado que aunque el informe del Imelga es “una prueba importante, no es definitiva”. En todo caso, ha asegurado que su cliente tiene “la convicción clara de que es inocente” y, por tanto, va a “pedir la libre absolución”.