La Diputación de Alicante ha tratado este lunes de acotar su papel en el caso Carlos Baño y ha defendido la legalidad y la transparencia de su actuación en las convocatorias del bono comercio. El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha sostenido que la institución provincial se limitó a conceder las ayudas a los ayuntamientos que decidieron adherirse a ellas y rechazó cualquier responsabilidad en la gestión posterior de esos fondos o en la intervención de terceros en ese proceso.