Las instalaciones abandonadas propiedad de la Confederación Hidrográfica del Segura en el cauce del río Guadalentín a su paso por la diputación de Marchena deberán ser tapiadas o demolidas en un plazo de diez días. Esta es la orden remitida por parte del Ayuntamiento –tras su aprobación unánime en Junta de Gobierno Local– al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, administración matriz del ente confederado, con el objetivo de limitar el uso ilegal de las construcciones como vivienda.