El esposo de la congresista reelegida Karen Manrique (hoy detenida por el caso UNGRD), Gustavo González Ruiz, se presentó ante la Registraduría para reclamar la credencial que la certifica como representante a la Cámara por la curul de paz en Arauca. El trámite se realizó en la capital de ese departamento mediante un poder previamente firmado por la parlamentaria. Lea también: Así lideraron los exministros de Petro, Bonilla y Velasco, la compra del Congreso con la plata de Ungrd, según la Fiscalía Hay que recordar que Karen Manrique se entregó la semana pasada ante la Policía para cumplir una orden de captura emitida en su contra por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el jueves 12 de marzo, señalada de una presunta participación en hechos de corrupción vinculados con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando Manrique y Wadith Manzur, también capturado, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de mover las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera. En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Córdoba, Arauca y Bolívar. La Sala de Primera Instancia el 11 de marzo pasado, además, se pronunció en el proceso contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad afrontando el caso. En su circunscripción, la congresista el pasado 8 de marzo obtuvo 5.640 votos y con ello aseguraría su reelección en la Cámara. Sobre Manrique pesa una medida de aseguramiento, al igual que sobre el senador electo Wadith Manzur. La carrera política de ambos se encuentra en suspenso y existe la posibilidad de que la curul de paz de Arauca quede vacante si se aplica la figura de la “silla vacía”. En este mismo día, el Consejo Nacional Electoral, CNE, ratificó la elección de Germán Rozo Anís, del Partido Liberal, y de Manuel Pérez Rueda, del Centro Democrático, como representantes a la Cámara por Arauca para el periodo legislativo 2026-2030. Sus nombres quedaron consignados en el acta de escrutinio general publicada por la entidad, que complementa la entrega de credenciales en esa región. A Gustavo González se le reconoce en Arauca como un exitoso contratista, especialmente en el ámbito de obras públicas de infraestructura. Ha sido contratista de la Alcaldía de Tame y representante legal del Consorcio Construhábitat Rural Arauca, encargado de proyectos de construcción de viviendas de interés social en la región. También ejerció como representante legal de la Unión Temporal Pavimentando Arauca 2016 , entre otros. González Ruiz habría sido socio de la firma Grucori SAS, empresa que ha obtenido contratos con las alcaldías de Arauca y Casanare y se dedica a la construcción de obras civiles. Según la Fiscalía, el proceso se basa en los testimonios de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes habrían declarado ante la Corte Suprema de Justicia sobre reuniones en las que, presuntamente, participaron con el señor González. En dichas reuniones, al parecer, se habría hablado de millonarios contratos para obras de atención tras la ola invernal de 2023 en el departamento de Arauca. Estos contratos estarían entre los que los exdirectivos direccionaron como parte del plan criminal de saqueo a los recursos públicos. En declaraciones a EL COLOMBIANO, hace unos meses, el abogado Andrés Garzón, defensor de la congresista Manrique, había dicho que tanto la comunidad, como el Gobierno tienen explicaciones claras sobre esas reuniones y que los contratos mencionados por los exdirectivos no tienen relación con las empresas del esposo de la congresista. Añadió que las afirmaciones de López y Pinilla no son más que “maniobras engañosas” para obtener beneficios judiciales. “Ni la defensa de Karen Manrique, ni Karen se sorprende de la situación, ya que hace un tiempo Olmedo López y el señor Pinilla habían manifestado algún tipo de intención de hablar de algunos temas que se desarrollaron en Arauca cuando ellos estuvieron en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, aseguró. El 12 de junio de 2024, en interrogatorio ante la fiscal María Cristina Patiño, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, mencionó por primera vez a Manrique y Manzur. La fiscal le preguntó: “¿Qué congresista era el delegado para hablar con los demás?” López explicó que Karen Manrique fue mencionada en el contexto de la negociación con el ministro Luis Fernando Velasco, hoy preso por el caso, como enlace entre el Gobierno y el Congreso para decisiones relacionadas con la gestión del Riesgo. La negociación, en sus palabras, se realizaba directamente en el Ministerio del Interior, donde se definían los contratos y luego se asignaba un congresista para informar sobre los avances. En una reunión con Velasco habría surgido la necesidad de reemplazar a Manrique como enlace. Le puede interesar: ¿Consultas presidenciales volverán a definir la carrera a la Casa de Nariño como en la última década? Ella habría sugerido un nombre, pero fue interrumpida, y se decidió que Wadith Manzur asumiera el rol junto con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien hoy está preso. Ella está en libertad bajo un principio de oportunidad firmado con la Fiscalía. Tras ello, Olmedo López contactó a Sneyder Pinilla, subdirector, mediante videollamada desde el despacho del ministro el 15 de diciembre de 2023 a las 8:42 a. m., para ponerlo al tanto de la reunión, los participantes y las instrucciones impartidas, integrándolo virtualmente sin interrumpir la sesión dirigida por Bonilla, con la asistencia de Benavides y Olmedo López. Al concluir la videollamada con Sneyder Pinilla, Benavides le confirmó que los contratos ya estaban definidos y que involucraban a los dos representantes a la Cámara. Lea además: Así quedó el mapa político en Antioquia: el CD barrió en 68 de los 125 municipios y desbancó a liberales y conservadores Los proyectos estaban destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar, con un valor aproximado de 92.000 millones de pesos. Olmedo López le explicó a la fiscal Patiño que, para dejar evidencia, registró su comunicación con Pinilla mediante WhatsApp. Indicó que antes de retirarse de la reunión en el Ministerio, solicitó a Benavides que no lo llamara directamente, ni a él ni a Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre hoy indagado en el caso, y que se mantuviera la comunicación únicamente entre ella y Pinilla. Por lo pronto, y tras la entrega de Manrique en Tame, Arauca, se espera que Wadith Manzur sea capturado inmediatamente. Estos dos casos se suman a la larga lista de investigados por este escándalo que ha sacudido al Gobierno Petro desde arriba hacia abajo. 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