El Colombiano obtuvo la ponencia de 1.020 páginas elaborada por el magistrado Misael Rodríguez, en la que la Corte Suprema de Justicia sustentó la decisión de ordenar la captura de los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como mantener bajo investigación a otros congresistas presuntamente vinculados con la red. En el documento, la Sala de Instrucción concluyó que existen “múltiples pruebas recaudadas” en la investigación que permiten inferir la existencia de una red de “negociación criminal” entre sectores del Ejecutivo y del Legislativo, mediante la cual se habrían intercambiado contratos y recursos públicos por apoyo político a decisiones del Gobierno. La Corte Suprema de Justicia señaló que la recopilación de las declaraciones de María Alejandra Benavides Soto, Sneyder Pinilla y Olmedo López permitió reconstruir los hechos con mayor claridad y entender el rol de liderazgo que habrían ejercido los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique dentro del entramado criminal investigado. Para la Sala, su libertad representa un riesgo para la comunidad, ya que la conducta analizada no sería un episodio aislado, sino parte de una práctica institucional consolidada de “mercantilización de la función pública”. Además, advirtió que ambos conservan capital político y redes de influencia que podrían permitirles activar canales de coordinación ilegales incluso fuera de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). En el expediente también se menciona el hallazgo de un manuscrito que daría cuenta de la presunta distribución de 650.000 millones de pesos entre miembros de comisiones económicas del Congreso, lo que sugeriría un esquema de corrupción de gran escala. Lea también: Wadith Manzur, investigado por escándalo de la UNGRD, llega al Senado como uno de los más votados Para la Corte Suprema, la conducta investigada de los congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur no corresponde a un episodio aislado, sino a una práctica de corrupción más amplia y sostenida para mercantilizar la función pública. “Los sindicados Manzur Imbett y Manrique Olarte tienen una alta capacidad de mantenerse en las prácticas corruptas de las que, al parecer, han sido parte y en algunos casos han liderado, incluso cuando no se encuentren ejerciendo formalmente sus cargos como representantes a la Cámara. Ello obedece a que, como se mostrará en el apartado siguiente, conservan sus redes de poder y su posición de influencia, determinante en casos de corrupción institucional en las altas esferas del poder público”, afirma la Corte en el documento para tomar la decisión de enviar a prisión a Karen Manrique y Wadith Manzur. El alto tribunal mantiene la investigación, pero en libertad, contra los otros parlamentarios Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar y el excongresista Juan Diego Muñoz. Durante un allanamiento a la residencia de Andrea Carolina Ramírez, una asesora del Ministerio de Hacienda, ejecutado el 10 de diciembre de 2024 , las autoridades hallaron un manuscrito que detallaba la presunta distribución de 650.000 millones de pesos entre integrantes de las comisiones económicas del Congreso, entre ellos los hoy capturados Manzur y Manrique. La distribución de esa millonaria suma se detalló en una hoja manuscrita hallada el 10 de diciembre de 2024 durante un allanamiento a la vivienda de Andrea Carolina Ramírez Oliveros, asesora del Ministerio de Hacienda señalada de ser la coordinadora de los enlaces entre el Ejecutivo y el Congreso. Según este documento, la cifra global se dividió inicialmente en cuatro grandes bloques destinados a las comisiones económicas del Congreso de la República: A la Comisión Tercera de la Cámara les correspondía $150.000 millones; a la Comisión Tercera del Senado $200.000 millones; a la Comisión Cuarta de la Cámara $150.000 millones y a la Comisión Cuarta del Senado: $150.000 millones. El manuscrito describe, como se puede ver el mismo en los documentos, de forma pormenorizada cómo se repartirían los $200.000 millones asignados específicamente a la Comisión Tercera del Senado. El documento también incluye una lista adicional de seis nombres para los cuales no se registraron montos ni distribuciones específicas: Clara López, Gustavo Bolívar, Ana C. España, Imelda Daza, Miguel Uribe y Ciro Ramírez. Lea también: Las más de 45 propiedades que aparecen a nombre del senador Wadith Manzur, hoy con orden de captura por escándalo de la UNGRD La Sala de Instrucción considera que estas anotaciones no forman parte de un seguimiento presupuestal técnico, sino que se insertan en una dinámica de “compra de votos y decisiones” mediante la asignación de recursos públicos para beneficio privado. La investigación también determinó que los congresistas Manzur y Manrique habrían utilizado su influencia para que la UNGRD priorizara proyectos, contratos y recursos en favor de intereses particulares. En el caso de Karen Manrique , la Corte concluyó que ella, junto con su esposo, Gustavo González —quien recientemente reclamó en Arauca la credencial que acredita a la congresista mientras permanece detenida—, habría dado instrucciones al entonces subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, sobre cómo debía manejarse la contratación en Saravena, Arauca, con el propósito de tener control sobre esos procesos. Pinilla relató una reunión en la que Manrique, acompañada por su esposo, le instruyó que la contratación en Saravena, Arauca, sería manejada por ella y su pareja. Tras esta reunión, Pinilla estableció contacto directo con el esposo de la congresista para incidir en la selección de los contratistas encargados de las obras y de la interventoría en dicha región. Le puede interesar: Ungrd: Gobierno habría comprado al Congreso para aprobar las reformas, según la Fiscalía, en imputación a Bonilla y Velasco . Las declaraciones de Pinilla y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, permitieron a la Sala pasar de un conocimiento parcial a concluir que Manzur y Manrique habrían ejercido un papel de liderazgo en un entramado criminal. Para la Corte, dichos testimonios establecieron que los dos sindicados lograron orientar la misión institucional de la UNGRD. La entidad fue puesta “al servicio de sus intereses particulares”, priorizando esfuerzos operativos y presupuestales en proyectos que los congresistas gestionaban, en lugar de atender las necesidades reales de gestión del riesgo del país. Otro de los hallazgos del alto tribunal apunta a la utilización de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) como mecanismo de presión política. Según la investigación, algunos congresistas habrían ralentizado o paralizado el trámite de créditos internacionales de la Nación para exigir contraprestaciones, lo que generó riesgos financieros para el país y posibles sobrecostos en intereses al tener que acudir a fuentes de financiación más costosas. En el caso de Wadith Manzur, la Corte encontró además indicios de obstrucción a la justicia. De acuerdo con el expediente, el representante sostuvo una reunión con la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides en el centro comercial Santa Ana, en Bogotá, entre mayo y junio de 2024. Durante ese encuentro, según el testimonio de la mujer que hoy es testigo estrella de la Fiscalía en el caso , Manzur intentó fijar una versión favorable para él sobre los hechos investigados. En esa oportunidad, dijo Benavides a la delegada de la Fiscalía, el representante se refirió al caso de la UNGRD y le manifestó, en síntesis: “Ahí no hay nada... Los contratos nunca se dieron. Lo que yo estaba gestionando nunca pasó”. La testigo indicó que conversaron de varios temas, incluido el escándalo de la UNGRD. Al respecto de ese encuentro, la testigo hizo la siguiente descripción, como obra en el proceso. “(...) fue una tarde-noche entre semana, lo recuerdo. Esa fue la última interacción que tuve con el representante. Hablamos de varios temas... hablamos de cómo se estaban dando las interacciones del Gobierno actual con el Congreso de la República... hablamos del escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo y finalizamos la conversación hablando de un artículo que había escrito el exministro Cárdenas respecto a la economía del país”, se lee en el documento obtenido por EL COLOMBIANO. La Sala consideró que ese acercamiento evidenciaba un riesgo real de interferencia en la actividad probatoria, especialmente por la posición de poder del congresista frente a una testigo que ya no tenía vínculos institucionales y enfrentaba presión mediática y judicial. En el caso de Karen Manrique, la Corte no le atribuyó intentos de obstrucción, pero sí concluyó que representaba un peligro para la comunidad debido a su presunto rol de liderazgo dentro de la red. Según el documento de la Sala Especial de Instrucción, la congresista habría actuado como articuladora entre funcionarios del Ejecutivo, operadores de la UNGRD y actores regionales para canalizar proyectos y contratos. Lea aquí: Así habría desaparecido dinero del patrimonio de Carlos Ramón González: faltan $6.000 millones La investigación señala que Manrique utilizó su posición en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para identificar contratos que servirían como contraprestación por decisiones políticas y para facilitar contactos entre funcionarios nacionales y autoridades locales interesadas en acceder a recursos. Uno de los episodios que, según la Corte, demuestra ese liderazgo fue una reunión con Sneyder Pinilla en la que la congresista, acompañada por su esposo Gustavo González Díaz, le habría indicado que la contratación en Saravena debía ser manejada conjuntamente por ambos. Posteriormente, el funcionario habría establecido contacto directo con González Díaz para incidir en la selección de contratistas e interventores. La Sala concluyó que el esposo de la congresista habría actuado como intermediario operativo para concretar la influencia política de Manrique en los procesos contractuales de la UNGRD en Arauca. Le puede interesar: Olmedo López renunció a Gestión del Riesgo tras escándalo de carrotanques Frente a la medida de aseguramiento, la Corte determinó que la detención preventiva en establecimiento carcelario era la única alternativa idónea y descartó la detención domiciliaria. Según el análisis de proporcionalidad realizado por los magistrados, medidas menos restrictivas “no neutralizan los riesgos de reiteración delictiva ni la posibilidad de obstrucción al proceso”. El alto tribunal advirtió que la capacidad de influencia política y las redes institucionales de los investigados podrían mantenerse incluso desde sus residencias, mediante comunicaciones y coordinación a distancia. Por esa razón, consideró necesario un apartamiento efectivo de su entorno de poder. Además, la Sala sostuvo que la gravedad de los hechos investigados —que comprometen la regularidad de la función pública, el equilibrio de poderes y el manejo de recursos del Estado— justifica la restricción de la libertad mientras avanza el proceso judicial. La Corte también solicitó la suspensión inmediata de los cargos de los congresistas mientras continúa la investigación sobre la presunta red de corrupción que habría operado alrededor de la UNGRD. En diálogo con EL COLOMBIANO, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, criticó la tardanza de la Corte Suprema en ordenar la captura de los congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur, a pesar de contar con pruebas desde hace más de un año. Señaló que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público fue permeada por el Gobierno para facilitar acuerdos políticos a cambio de contratos, y lamentó que la medida judicial llegara después de las elecciones, permitiendo que los implicados participaran y obtuvieran respaldo electoral. Además, Bustos consideró que la acción debería haberse extendido a más congresistas involucrados. También informó que, en el mismo caso de la UNGRD, la Red de Veedurías solicitó ante el Consejo de Estado la pérdida de investidura de varios parlamentarios por presunto tráfico de influencias y violaciones a normas de incompatibilidad, y que continuarán vigilando el proceso para que se adopten decisiones firmes. Entérese: Caso UNGRD en la Corte Suprema: las pruebas contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique