La captura de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique , señalados por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres , ha provocado mútiples reacciones tanto en el ámbito político como judicial. Desde su detención el pasado viernes, han circulado diferentes versiones sobre el lugar donde deberán permanecer recluidos mientras avanza el proceso en su contra, lo que ha aumentado la expectativa en torno a las decisiones que adopten las autoridades. En ese contexto, se conoció que la Corte Suprema de Justicia analiza una solicitud presentada por la defensa de ambos congresistas, en la que exponen las razones por las cuales consideran que deben ser recluidos en una guarnición militar. El principal argumento gira en torno a su seguridad, ante los riesgos que, según sostienen, implicaría su permanencia en otro tipo de centro de detención. Sin embargo, lo que aún no está definido es cuál sería ese lugar de reclusión. Incluso, no se descarta que, de ser necesario , los congresistas deban ser trasladados a diferentes ciudades del país , en función de la disponibilidad de espacios en guarniciones militares que cuenten con las condiciones y cupos adecuados para albergar a aforados privados de la libertad, como ocurre en los casos de Manrique y Manzur. Por ejemplo, el abogado Andrés Garzón Roa , defensor de Manrique Olarte , solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que su defendida sea trasladada a un centro de reclusión intramural “con las medidas necesarias para procurar su seguridad”, en atención a las “recurrentes amenazas” de las que, según afirmó, ha sido víctima y que ya fueron puestas en conocimiento de la Corte. Se espera que en el transcurso de esta semana el alto tribunal y el Inpec definan el lugar al que serán trasladados. Lea también: Wadith Manzur, investigado por escándalo de la UNGRD, llega al Senado como uno de los más votados Para enviarlos a prisión, la Sala de Instrucción concluyó que existen “múltiples pruebas recaudadas” en la investigación que permiten inferir la existencia de una red de “negociación criminal” entre sectores del Ejecutivo y del Legislativo, mediante la cual se habrían intercambiado contratos y recursos públicos por apoyo político a decisiones del Gobierno. La Corte Suprema de Justicia señaló que la recopilación de las declaraciones de María Alejandra Benavides Soto, Sneyder Pinilla y Olmedo López permitió reconstruir los hechos con mayor claridad y entender el rol de liderazgo que habrían ejercido los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique dentro del entramado criminal investigado. Para la Sala, su libertad representa un riesgo para la comunidad, ya que la conducta analizada no sería un episodio aislado, sino parte de una práctica institucional consolidada de “mercantilización de la función pública”. Además, advirtió que ambos conservan capital político y redes de influencia que podrían permitirles activar canales de coordinación ilegales incluso fuera de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). Ambos son señalados de haber cambiado su voto a favor de los intereses del Gobierno a cambio de millonarios contratos. Pese a las denuncias y señalamientos en su contra, los parlamentarios fueron reelegidos el pasado 8 de marzo.